En el Congreso del Estado de México se analiza una iniciativa que plantea sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes participen en la comercialización, distribución o manejo de maíz genéticamente modificado sin autorización legal. La propuesta también contempla penas de dos a ocho años de cárcel por la siembra de estas especies.

La medida forma parte de un proyecto impulsado por el diputado Gerardo Pliego Santana (Morena), cuyo objetivo central es proteger el maíz nativo como elemento clave del patrimonio biológico, cultural y alimentario de la entidad.

Debate sobre sanciones y alcance legal

Durante la revisión en comisiones legislativas, diputadas de distintas fuerzas políticas coincidieron en respaldar la propuesta, pero señalaron la necesidad de ajustes importantes.

La legisladora Vanessa Linares (PVEM) advirtió que el uso del derecho penal debe ser una medida de última instancia, por lo que llamó a revisar la proporcionalidad de las penas. También alertó sobre posibles conflictos con facultades federales y la necesidad de evitar ambigüedades en la definición de las conductas sancionables.

En la misma línea, Ana Yurixi Leyva (PT) subrayó la importancia de integrar la participación de productores, especialistas y sociedad civil, además de reconocer el trabajo de organizaciones que han impulsado la defensa del maíz nativo en el país.

Protección del maíz como identidad cultural

El promovente de la iniciativa sostuvo que el maíz no debe tratarse únicamente como una mercancía, sino como un elemento de origen e identidad cultural en México. En ese sentido, planteó que la propuesta busca prohibir el uso de maíz transgénico y preservar las variedades nativas.

Datos expuestos durante la discusión indican que México cuenta con 59 razas nativas de maíz, de las cuales 18 se encuentran en el Estado de México, incluyendo variedades como el cacahuazintle, el palomero y el cónico.

Riesgos ambientales y económicos

Entre los argumentos a favor de la iniciativa, se destacó que el maíz nativo enfrenta riesgos por la posible contaminación genética, debido a la polinización abierta del cultivo. Además, se señaló que el mercado global de semillas está concentrado en pocas corporaciones, lo que podría generar dependencia para los productores y afectar la soberanía alimentaria.

No obstante, legisladoras advirtieron que cualquier regulación debe considerar el impacto en pequeños productores, para evitar que queden en situación de vulnerabilidad jurídica.

Objetivo: preservar biodiversidad y derechos

La iniciativa busca reformar el Código Penal estatal para fortalecer la protección del patrimonio biocultural, en concordancia con el derecho a un medio ambiente sano, la alimentación y la salud.

El análisis continuará en comisiones, donde se prevé que la propuesta sea ajustada para equilibrar la protección del maíz nativo con la viabilidad legal y social de su aplicación.