El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa que plantea aumentar las sanciones por incendios forestales, con el objetivo de fortalecer la respuesta legal ante este tipo de delitos y reducir su incidencia.
La propuesta fue presentada por la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina, en representación del grupo parlamentario del PVEM, y contempla elevar la pena máxima de prisión de 12 a 18 años, es decir, seis años más respecto a lo establecido actualmente.
Cambios en las sanciones y nuevos agravantes
La iniciativa establece que provocar incendios en zonas forestales, bosques o áreas naturales protegidas sería castigado con penas de cuatro a 12 años de prisión, además de multas económicas. Sin embargo, estas sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad —alcanzando los 18 años— cuando existan circunstancias agravantes.
Entre los factores que endurecerían las penas se incluyen:
- Actuar con dolo, es decir, con conocimiento del daño ambiental
- Incurrir en negligencia grave por omitir medidas de prevención
- Reincidir en delitos ambientales
- Generar riesgos para la salud humana
- Provocar desplazamiento de fauna silvestre
- Utilizar armas o sustancias inflamables
También se prevé un aumento en los castigos cuando el incendio tenga impactos sociales, económicos o en la salud pública.
Argumentos de la iniciativa
La legisladora señaló que las sanciones actuales resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños ocasionados por los incendios forestales, los cuales no solo afectan al medio ambiente, sino que también pueden provocar pérdidas económicas, desplazamiento de comunidades e incluso la muerte de personas.
En ese contexto, subrayó la necesidad de actualizar el marco legal para que sea proporcional al impacto de estos hechos y contribuya a prevenirlos.
Situación actual y contexto
De acuerdo con la legislación vigente, provocar un incendio forestal puede ser castigado con penas de tres a 10 años de prisión, además de multas económicas. Estas sanciones aumentan en casos específicos, como cuando participan servidores públicos o cuando los hechos ocurren en áreas naturales protegidas.
La propuesta se da en un contexto de alta incidencia. A nivel nacional, durante 2025 se registraron más de 7 mil incendios forestales, que afectaron más de 1.2 millones de hectáreas. En el Estado de México, se contabilizaron 821 casos hasta finales de ese año, lo que ubica a la entidad entre las de mayor incidencia.
Entre las principales causas identificadas se encuentran actividades humanas como fogatas mal controladas, quema de residuos, colillas de cigarro y prácticas productivas o tradicionales.
La iniciativa fue presentada en sesión deliberante y será analizada por el Congreso mexiquense en comisiones antes de su posible aprobación. De avanzar, implicaría un ajuste relevante en la política penal ambiental del estado, con un enfoque más estricto frente a los incendios forestales.
