La polémica por los 10 mil perros sacrificados en Tecámac y las amenazas de senadora del Edoméx a activistas

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La senadora mexiquense Mariela Gutiérrez Escalante enfrenta una controversia que combina dos ejes: el reconocimiento de miles de eutanasias de perros durante su gestión en Tecámac y señalamientos por presuntas amenazas a activistas y funcionarios que cuestionaron esas prácticas.

Video reaviva cuestionamientos sobre el manejo animal

El conflicto se intensificó luego de que la activista Zyanya Polastri difundiera, el 14 de abril de 2026, un video grabado meses antes. En la reunión, realizada con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), se abordó la operación del Centro de Bienestar Animal del municipio, que también daba servicio a localidades cercanas.

De acuerdo con los señalamientos de la activista, en ese encuentro la entonces alcaldesa habría reconocido la aplicación de eutanasias y emitido advertencias para evitar que el tema se hiciera público.

Senadora detalla cifras y defiende procedimientos

Un día después, el 15 de abril, Gutiérrez presentó su postura en el Senado. Informó que, entre 2019 y febrero de 2024, se aplicó eutanasia a 10 mil 962 perros.

El desglose anual es el siguiente:

  • 483 en 2019
  • 526 en 2020
  • 1,784 en 2021
  • 2,514 en 2022
  • 2,778 en 2023
  • 2,877 en 2024

La legisladora explicó que muchos de los animales fueron entregados por sus dueños o se encontraban en condiciones críticas, como enfermedad terminal, abandono o comportamiento feral. Sostuvo que los procedimientos se realizaron conforme a la NOM-033-SAG/ZOO-2014, la cual establece métodos para garantizar una muerte rápida y sin dolor.

También argumentó que estas acciones respondían a un problema de salud pública y que se buscó evitar el sufrimiento de los animales en situaciones extremas.

Señalamientos por irregularidades y presión a funcionarios

En contraste, funcionarios de PROPAEM que participaron en la reunión cuestionaron posibles incumplimientos en los protocolos, como la falta de diagnósticos clínicos individuales y deficiencias en la capacitación del personal.

Colectivos animalistas han calificado los hechos como una práctica sistemática indebida y han señalado que el número total de animales sacrificados podría ser mayor si se incluyen otras especies. Además, mantienen el señalamiento de que hubo intimidaciones para evitar la difusión del caso.

Escala el conflicto: denuncias, postura federal e investigación

Este jueves 16 de abril, la controversia creció con la entrega de una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, en la que activistas solicitan el desafuero o la separación del cargo de la legisladora. Argumentan falta de expedientes clínicos que respalden cada procedimiento y cuestionan las presuntas amenazas.

Este mismo día, el caso llegó a la «Mañanera», donde la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que las acciones no contravinieron la ley vigente en su momento, aunque planteó la necesidad de revisar la normativa para fortalecer enfoques más humanitarios.

Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación de oficio por posibles casos de maltrato animal. El actual gobierno municipal de Tecámac informó que el centro permanece cerrado mientras se revisan las prácticas anteriores.

Posturas encontradas mantienen abierto el debate

La senadora ha insistido en que las acciones están documentadas en informes públicos y ha destacado otras medidas implementadas durante su administración, como campañas de esterilización, adopciones y servicios veterinarios.

Sin embargo, organizaciones animalistas mantienen el foco en las presuntas intimidaciones y en la exigencia de esclarecer cada caso de eutanasia.

El caso continúa en desarrollo y ha reavivado la discusión pública sobre el control de fauna, la protección animal y los límites de las políticas sanitarias.


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