El Congreso del Estado de México aprobó el día de hoy una reforma al Código Penal estatal que impone penas de hasta 15 años de prisión a quienes promuevan, faciliten o consientan matrimonios, uniones o convivencias forzadas entre personas menores de edad.
Medida para erradicar una práctica que persiste en México
La modificación legal responde a una preocupación nacional: México ocupa el décimo lugar mundial y el segundo en América Latina con mayor número de casos de matrimonio infantil, según cifras citadas en el dictamen legislativo. Con esta reforma, el Estado de México busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas que vulneran sus derechos.
Las sanciones previstas serán de cinco a diez años de prisión y de mil a cuatro mil días multa para quienes obliguen, induzcan, coaccionen, soliciten o faciliten el matrimonio o la convivencia con fines de vida en común entre menores de edad.
Penas agravadas por violencia o condición de vulnerabilidad
El texto aprobado establece que las penas podrán aumentar hasta en la mitad cuando el delito se cometa con violencia o en perjuicio de personas menores con discapacidad, o que pertenezcan a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas. En esos casos, las sanciones podrán alcanzar hasta 15 años de cárcel y seis mil días multa.
La reforma aclara que estas penas también aplicarán cuando los responsables sean los propios padres o madres de los menores involucrados. El objetivo es eliminar cualquier vacío legal que pueda amparar la realización de estas uniones bajo el argumento de costumbres o tradiciones familiares.
La propuesta fue presentada por los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Durante la sesión deliberante, Azar destacó que el Estado tiene la obligación de actuar como garante de los derechos de la infancia y adolescencia, y que el marco jurídico debía actualizarse para hacerlo efectivo.
Protección con enfoque de derechos humanos
El dictamen resalta que esta reforma reafirma una visión humanista que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, cuya dignidad y autonomía deben prevalecer sobre cualquier interés particular o práctica cultural que pretenda justificar el matrimonio infantil.
Finalmente, el Congreso reconoció que la redacción previa del Código Penal podía presentar ambigüedades que dificultaban su aplicación, por lo que el nuevo texto busca cerrar vacíos legales y garantizar una respuesta efectiva por parte de las autoridades judiciales ante estos casos.
Con la aprobación de esta reforma, el Estado de México se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales para erradicar el matrimonio infantil y garantizar a cada menor de edad el derecho a desarrollarse libre de coerción y violencia.
