El Estado de México enfrenta un panorama complejo ante los riesgos por desastres naturales, derivado de su alta densidad poblacional, urbanización descontrolada y la falta de actualización en los instrumentos de planeación municipal. En este contexto, un proyecto de investigación desarrollado por Miguel Adolfo Guajardo Mendoza y Natalie Rosales Pérez, académicos de El Colegio Mexiquense, analiza las estructuras institucionales para la reducción de riesgos en la entidad, proponiendo un enfoque basado en tecnologías inteligentes, resiliencia urbana e inclusión social.

El estudio, titulado «Análisis del andamiaje institucional para la reducción de riesgos por desastres en el Estado de México. Una mirada desde la noción de tecnologías inteligentes y de resiliencia urbana», destaca que fenómenos como sismos, inundaciones, sequías, incendios forestales y erupciones volcánicas son recurrentes en la región. Estos riesgos se ven agravados por factores como el crecimiento urbano desordenado y la presión sobre los recursos naturales, que afectan especialmente a comunidades marginadas. Además, se encontró que solo el 68 % de los municipios cuenta con atlas de riesgos, muchos de ellos desactualizados, y que la adopción de herramientas tecnológicas, como sensores o sistemas geoespaciales, es limitada debido a carencias en financiamiento y capacitación.

La investigación, parte de los proyectos interseminariales de El Colegio Mexiquense, combina perspectivas de los seminarios de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas, y Estudios Urbanos y Socioespaciales. Utilizó la herramienta de Evaluación de la Resiliencia frente a Desastres a Nivel Local de la ONU, que evalúa dimensiones como la organización institucional, el diseño urbano resiliente y la protección de ecosistemas. Entre los hallazgos, se identifica que la infraestructura verde y azul —como áreas verdes o sistemas de manejo de agua— no está plenamente integrada en la planeación urbana, y que las percepciones del riesgo varían significativamente entre comunidades urbanas y rurales, lo que complica la implementación de estrategias uniformes.

El proyecto incluye un estudio de caso en Metepec, un municipio que ha avanzado en la incorporación de la resiliencia en su Plan de Acción Climática, con iniciativas como reforestación, control de inundaciones y participación ciudadana. Sin embargo, estas medidas no se aplican de manera homogénea, dejando a las zonas más vulnerables con menor atención. Aunque Metepec ha implementado proyectos piloto con energías renovables y digitalización de datos de riesgo, la falta de financiamiento sostenible limita su escalabilidad.

Entre las recomendaciones, los investigadores proponen actualizar los atlas de riesgos con datos en tiempo real y tecnologías digitales, crear un Consejo Estatal de Resiliencia Urbana para coordinar esfuerzos, fomentar la participación ciudadana a través de plataformas digitales y programas de capacitación, e invertir en infraestructura resiliente y sistemas de alerta temprana. También sugieren priorizar la zonificación basada en riesgos y el uso de infraestructura ecológica para mitigar impactos.

El estudio subraya que la resiliencia urbana va más allá de la infraestructura física: requiere inclusión social, gobernanza participativa e innovación tecnológica. Fortalecer estos elementos permitiría al Estado de México enfrentar los desafíos del cambio climático y los desastres naturales con mayor preparación y equidad. Los resultados completos, junto con un resumen, videos explicativos y una infografía, están disponibles en el sitio del Laboratorio Nacional de Incidencia Social de El Colegio Mexiquense: https://www6.cmq.edu.mx/lanis/index.php/documentos/redriesgos.

Este análisis no solo aporta al entendimiento de los riesgos en el Estado de México, sino que también ofrece un marco práctico para que las autoridades locales y estatales adopten políticas públicas más efectivas y equitativas frente a los retos del presente y el futuro.