*No más violencia política en contra de las mujeres durante las próximas elecciones.
Francisco Javier López Miranda/Apocaliptic
Toluca, Edomex, 13 de enero de 2021.- Tras afirmar que ha sido un objetivo y un reto implementar reformas en materia de paridad de género y de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la diputada Mariana Uribe Bernal, integrante, advirtió que darán seguimiento al proceso electoral para verificar que los partidos políticos acaten la normatividad.
En entrevista, la legisladora resaltó que este cambio ha significado un gran paso para la sociedad mexiquense. Ahora, el reto es lograr que la Ley se cumpla; ser garantes de que estos derechos de las mujeres sean respetados en el proceso electoral. “Sin duda alguna va a ser un proceso que va a marcar un antes y un después en nuestra historia”.
La también presidenta de la comisión legislativa Para la Igualdad de Género y una de las promotoras de las reformas legales para sancionar y prevenir que no haya violencia política en contra de las mujeres, compartió que este trabajo legislativo va a impactar en la elección de los cargos públicos, por los que contendrán las mujeres.
Hoy en día tenemos a muchas mujeres capaces, profesionales que están desarrollándose en distintas áreas, no sólo en el área política. “En esta ocasión vamos a constatar mucha participación de nuestras mujeres y también de los jóvenes, vamos a estar acompañándolas durante el proceso para garantizar sus derechos humanos”.
Asimismo, la representante popular por el distrito XXX con sede en Naucalpan, resaltó que las reformas realizadas a diversos ordenamientos, alertan para que no ocupen cargos públicos, quienes cuenten con antecedentes de una sentencia ejecutoriada por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género, o también por delitos en contra de la libertad sexual.
Finalmente, nos participó que a esta tarea se sumará la Fiscalía General de Justicia de la entidad, la cual creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar la información, a fin de saber si los aspirantes a candidatos a algún cargo de elección popular cuentan con estos antecedentes.
