El Congreso del Estado de México aprobó reformas que amplían de manera significativa los supuestos para otorgar amnistía, a partir de iniciativas impulsadas por el diputado Octavio Martínez Vargas, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La medida incorpora criterios de justicia social y reconoce posibles fallas en el sistema judicial.

Nuevos criterios para acceder a la amnistía

Entre los cambios más relevantes destaca la inclusión de mujeres que no fueron juzgadas con perspectiva de género, así como de personas acusadas o sentenciadas por delitos cometidos en contextos de vulnerabilidad, asimetría o desventaja social.

También se contempla el beneficio para quienes cuenten con resoluciones o recomendaciones de organismos de derechos humanos —nacionales o internacionales— que acrediten irregularidades en el debido proceso y sugieran su liberación, incluso en casos relacionados con delitos graves.

Además, la reforma amplía el alcance a personas que hayan participado, con consentimiento, en la interrupción del embarazo, y a personas mayores de 65 años con enfermedades terminales o crónico-degenerativas debidamente diagnosticadas.

Creación de una comisión legislativa permanente

Como parte central del decreto, se establece la creación de una Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, de carácter permanente y con integración plural. Este órgano podrá analizar expedientes y promover solicitudes de liberación ante las autoridades correspondientes.

La comisión tendrá facultades para recabar opiniones de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía estatal, el Poder Judicial y el Ejecutivo, así como de organizaciones civiles y especialistas. Su actuación se basará en principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y la no discriminación.

Refuerzo a la defensa jurídica de solicitantes

Las modificaciones también fortalecen el papel del Instituto de la Defensoría Pública y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que deberán brindar asesoría, orientación y representación legal a quienes soliciten amnistía.

Asimismo, se establece que las solicitudes deberán tramitarse conforme a los procedimientos definidos por el Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituye al anterior Consejo de la Judicatura en esta función.

Condiciones y límites del beneficio

El otorgamiento de la amnistía estará sujeto a que las personas beneficiarias no sean reincidentes en el delito por el cual se solicita el perdón legal. Además, se garantiza que el proceso se realice sin discriminación y con apego a la constitucionalidad.

Las reformas aplican tanto para personas vinculadas a proceso como para aquellas con sentencia firme en el ámbito local.

Posturas encontradas en el debate legislativo

Durante la discusión, el diputado Octavio Martínez Vargas destacó que la reforma responde a demandas de colectivos que han denunciado casos de personas injustamente privadas de la libertad.

En contraste, el legislador Mariano Camacho San Martín expresó su rechazo al dictamen, al advertir que este tipo de medidas podrían generar incertidumbre jurídica y no resolver de fondo las deficiencias institucionales.

Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes respaldó la reforma, aunque subrayó la necesidad de asignar recursos suficientes para su implementación y revisar casos pendientes bajo este nuevo enfoque.

Implementación y alcance presupuestal

El decreto entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta del Gobierno, y su aplicación dependerá de la disponibilidad presupuestaria de las instituciones involucradas, tanto en el ejercicio fiscal actual como en los subsecuentes.

Con estas reformas, el Congreso estatal redefine el alcance de la amnistía en la entidad, incorporando criterios que buscan atender desigualdades estructurales y posibles fallas en la impartición de justicia.

 

Foto: @HazValerMiLibe1