Israel aprueba pena de muerte exclusiva para palestinos y desata condena internacional: «Otro paso hacia el apartheid»

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La Knéset, el parlamento israelí, aprobó el 30 de marzo pasado una controvertida ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento exclusivamente para ciudadanos palestinos condenados en tribunales militares de Cisjordania por ataques letales, terrorismo o asesinato de israelíes. La medida ha generado una amplia condena internacional y viene a exhibir, una vez más, el supremacismo racista del Estado israelí.

Ben Gvir celebra con champaña en el Parlamento

La iniciativa fue promovida por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien no solo se presentó al recinto parlamentario portando un pin con una cuerda que representa el ahorcamiento, sino que descorchó champán para festejar con regocijo la aprobación de la ley, que se impuso con 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención.

La extrema derecha fascista de Israel de Ben Gvir —la misma que está protegiendo a una alta ministra acusada de pedofilia y abuso sexual reiterado contra su propia hija— celebró abiertamente esta medida de carácter racista y sin precedente reciente a nivel internacional.

No existen antecedentes contemporáneos en los que se aprueben condenas de muerte destinadas exclusivamente a un grupo étnico, de hecho, el antecedente más reciente, sería la ley Lex van der Lubbe de los nazis, esta legislación, también denominada Ley para la Imposición y Ejecución de la Pena de Muerte, también aplicaba una pena capital de forma asimétrica, en contra de judíos, gitanos, negros, polacos y otros «no arios», mientras que aquellos de «sangre alemana» (Aryans), recibían sanciones menores.

Esto viene una vez más a ratificar el carácter racista del régimen encabezado por Benjamín Netanyahu, actualmente bajo investigación también por graves crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio en Palestina.

Reacciones internacionales: «Mismo crimen, diferente castigo»

La aprobación generó reacciones enérgicas e inmediatas de varios jefes de Estado y organismos internacionales.

El presidente de España, Pedro Sánchez, fue categórico: «Es una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometan los mismos crímenes. Mismo crimen, diferente castigo. Es otro paso hacia el apartheid. El mundo no puede permanecer en silencio.»

La canciller de Irlanda, Helen McEntee, también se pronunció, señaló que «el derecho a la vida es un derecho humano fundamental», y que Irlanda se opone de manera consistente y firme al uso de la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, expresando además una preocupación particular por el «carácter de facto discriminatorio de la ley en relación con los palestinos».

Incluso, Georgia Meloni, de Italia, también acusó a Israel de haber cruzado ya las líneas rojas, y anunció que su gobierno estará impulsando sanciones en contra del estado de Israel.

La ONU: «Su aplicación constituiría un crimen de guerra»

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió una declaración oficial el 31 de marzo en la que afirmó: «Es profundamente decepcionante que este proyecto de ley haya sido aprobado. Es claramente inconsistente con las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional, incluso en relación con el derecho a la vida, y plantea serias preocupaciones sobre violaciones al debido proceso. Es profundamente discriminatorio y debe ser derogado de inmediato.»

Türk fue aún más enfático al agregar: «La pena de muerte es profundamente difícil de reconciliar con la dignidad humana y plantea el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes. Su aplicación de manera discriminatoria constituirá una violación adicional y particularmente grave del derecho internacional. Su aplicación a residentes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra

En el mismo sentido se pronunció la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien días antes, en el marco de su informe oficial sobre Tortura y Genocidio, ya había advertido sobre los intentos encabezados por Ben Gvir de aprobar la pena de muerte para palestinos, señalando que esta sería «una solución cínica al hacinamiento creado por las detenciones masivas llevadas a cabo por Israel».

A través de un pronunciamiento urgente, el Comité para los Derechos Humanos de los Palestinos en la ONU, que integra también a Albanese, señaló que «las sentencias de muerte obligatorias son contrarias al derecho a la vida. Al eliminar la discrecionalidad judicial y de la fiscalía, impiden que un tribunal considere las circunstancias individuales, incluidos los factores atenuantes, y que imponga una sentencia proporcional al crimen.»

El organismo añadió que el proyecto de ley introduce dos vías para la pena de muerte: en Cisjordania ocupada, la condena sería impuesta por tribunales militares bajo la ley militar para palestinos que causen la muerte de una persona, incluso si no fue intencional. «Los juicios militares israelíes de civiles normalmente no cumplen con los estándares de juicio justo bajo el derecho internacional de derechos humanos y el derecho humanitario. Cualquier sentencia de muerte resultante violaría aún más el derecho a la vida. La denegación de un juicio justo también es un crimen de guerra. La horca equivale a tortura o trato cruel, inhumano o degradante bajo el derecho internacional. Instamos a Israel a poner fin a la pena de muerte en línea con la tendencia global hacia su abolición.»

Amnistía Internacional y la Unión Europea también condenan la ley

Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, también denunció la medida: «Durante años hemos visto un patrón alarmante de aparentes ejecuciones extrajudiciales. Esta nueva ley, que permite ejecuciones sancionadas por el Estado, es la culminación de tales políticas: una exhibición pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los derechos humanos.»

Por su parte, el portavoz de la Unión Europea, Anouar El Anouni, dio a conocer un posicionamiento oficial del Alto Representante de la Comisión Europea, donde también se condenó de forma categórica el accionar del estado de Israel; señalando que: «La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y no puede ejecutarse sin violar el derecho absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros malos tratos. Además, la pena capital no tiene un efecto disuasorio comprobado y hace irreversibles los errores judiciales;»  expresando así su preocupación por su carácter de facto discriminatorio, e instando también a Israel a dar marcha atrás y respetar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

Netanyahu no da marcha atrás

A pesar de la condena generalizada que ha suscitado esta nueva ley, el régimen de Benjamín Netanyahu, respaldado por su cómplice Donald J. Trump, no ha dado indicios de rectificar su curso. Por el contrario, Netanyahu votó también a favor de su aprobación, y celebró de igual forma la nueva legislación que hace evocar al nazismo en pleno siglo XXI.

Israel, además continúa cometiendo graves crímenes de lesa humanidad de forma paralela; no solo mediante bombardeos constantes, intentos de pogromos y ataques a civiles en territorios palestinos, sino también a través de las ofensivas bélicas que continúa realizando contra zonas civiles de Irán y Líbano, donde se están bombardeando de forma constante zonas civiles, que ya han provocado miles de muertes y decenas de miles de desplazados. Todo esto, con complacencia de gran parte de la comunidad internacional.

 

Foto de portada: Ministro Ben-Gvir en la Knesset. Créditos: Naama


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