Una serie de inspecciones coordinadas por el Gobierno del Estado de México derivó en el aseguramiento de 53 centros de rehabilitación irregulares, conocidos como “anexos”, así como en la reubicación o reintegración de mil 599 personas que se encontraban internadas en estos espacios.

Del total de personas atendidas, mil 518 fueron reintegradas con sus familias, mientras que 80 fueron canalizadas a centros que cumplen con la normatividad vigente y una más solicitó su salida voluntaria al no contar con redes de apoyo.

Ecatepec y Naucalpan concentran los inmuebles asegurados

Las acciones se realizaron entre el 13 y el 20 de marzo en 94 establecimientos, principalmente en los municipios de Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez, donde se ubicó la totalidad de los inmuebles asegurados: 29 en Ecatepec y 24 en Naucalpan.

Las autoridades indicaron que las revisiones se enfocaron exclusivamente en centros con indicios de operación irregular o posibles vínculos con actividades delictivas.

El operativo forma parte de una estrategia estatal que busca ordenar y supervisar los centros de atención a adicciones, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los pacientes y prevenir conductas ilícitas.

Entre las acciones previstas se encuentran procesos de verificación, certificación de modelos de atención, cumplimiento de normas sanitarias y de protección civil, así como seguimiento a los responsables de los establecimientos.

En estas labores intervinieron instancias federales, estatales y municipales, incluyendo áreas de salud, seguridad y asistencia social, además de fuerzas federales.

También se contempló la participación de organismos como protección civil, instancias de atención a menores y comisiones relacionadas con la búsqueda de personas, con un enfoque que combina salud pública y seguridad.

Análisis y rutas de regularización en proceso

Tras los aseguramientos, las autoridades estatales iniciarán un análisis del estatus legal de los centros intervenidos, con el fin de definir si pueden regularizarse o deberán permanecer fuera de operación.

Asimismo, se anunció que se establecerá contacto con otros centros no inspeccionados que carecen de certificaciones, para facilitar su incorporación a la normatividad vigente.

Estrategia vinculada a la atención de la violencia

El Gobierno estatal señaló que estas acciones forman parte de una política más amplia orientada a atender las causas de la violencia, mediante el fortalecimiento de los servicios de atención en salud mental y tratamiento de adicciones.

De acuerdo con lo informado, la meta es que los centros operen bajo estándares técnicos adecuados y ofrezcan condiciones seguras tanto para los pacientes como para sus familias.