Este lunes, más de 200 personas, entre médicos, familiares y colegas, se manifestaron en Toluca para exigir lo que consideran un alto a la criminalización del ejercicio médico. La movilización fue pacífica y generó cierres intermitentes en vialidades clave de la capital mexiquense.
Los participantes demandaron respeto al debido proceso y una revisión objetiva del caso del cirujano plástico detenido, cuya situación legal ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal en actos médicos.
Recorrido y consignas en el centro de la capital
La marcha inició alrededor de las 10:00 horas en el Museo Torres Bicentenario y avanzó por avenidas como Morelos, Hidalgo y Pino Suárez, hasta llegar al Palacio de Gobierno.
Vestidos en su mayoría con batas blancas, los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “No somos criminales, somos médicos” y “Fernando Romero es inocente”. Además del respaldo al profesional procesado, expresaron inconformidad por la falta de insumos en hospitales públicos, adeudos salariales y lo que califican como debilitamiento institucional en el sector salud.
Durante el trayecto se registraron afectaciones viales en Hidalgo, Lerdo, Rayón y Paseo Tollocan. No se reportaron incidentes violentos.
Los organizadores subrayaron que procedimientos como la liposucción implican riesgos conocidos y que los pacientes firman consentimientos informados antes de someterse a cirugías. Recordaron que el 22 de febrero ya se habían concentrado frente a los juzgados de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde también hubo presencia de personas que pedían que no se liberara al médico.
El origen del caso: cirugía en 2013 y proceso penal en 2026
El centro de la controversia es la detención del doctor Jesús Fernando Romero Espinosa, cirujano plástico con trayectoria en el Centro Médico Adolfo López Mateos de Toluca.
El caso se remonta a julio de 2013, cuando practicó una liposucción a Miguel Ángel Zapata Cisneros, exdirector de Seguridad Pública de Metepec, en un sanatorio particular. El paciente fue dado de alta al día siguiente, pero posteriormente presentó complicaciones graves, entre ellas perforaciones intestinales detectadas en otro hospital. Falleció el 30 de julio de ese año.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por homicidio doloso. En febrero de 2026 se ejecutó la detención y un juez lo vinculó a proceso, imponiendo prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito.
La defensa sostiene que el paciente abandonó el hospital sin alta médica, no presentó complicaciones iniciales, rechazó una laparoscopia exploratoria recomendada y buscó atención en otro centro antes de su fallecimiento. También destaca la trayectoria profesional del médico, incluidas certificaciones internacionales y labores académicas.
Familiares de la víctima han insistido en que se haga justicia y han señalado presuntos antecedentes que, hasta ahora, no forman parte central de la causa penal en curso.
El médico permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo inicial es de tres meses. Hasta el momento no existe sentencia definitiva y el caso continúa en etapa procesal.
Foto: Lerma Diario
