San Mateo Atenco, EdoMéx.— Lo que comenzó como un supuesto “tema administrativo” hoy se ha convertido en un conflicto social que exhibe grietas profundas en la gestión del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de San Mateo Atenco.

Vecinos del condominio ACANTTO Urban Living denuncian que desde finales de noviembre permanecen sin suministro regular de agua potable, pese a contar —afirman— con contratos individuales vigentes. La respuesta institucional, lejos de disipar dudas, ha generado mayor inconformidad.

Los colonos acusan a la directora del organismo, Karla María Arzate Martínez, de mantener una postura rígida y de sostener el corte total del servicio bajo argumentos burocráticos y presuntos adeudos millonarios relacionados con áreas comunes. Sin embargo, los afectados sostienen que el conflicto administrativo con la desarrolladora no puede ni debe trasladarse a las familias que habitan el lugar.

El punto más delicado del conflicto es el impacto humano. En el desarrollo habitan niñas y niños en edad escolar, personas adultas mayores y familias que dependen del suministro diario para higiene, alimentación y necesidades básicas. Dejar sin agua a hogares completos no es un simple trámite pendiente: es una condición que vulnera la dignidad y la salud de los sectores más sensibles de la población. Madres de familia señalan que han tenido que racionar el agua para el baño de sus hijos, mientras adultos mayores enfrentan complicaciones para cubrir necesidades mínimas de higiene.

El malestar creció tras una reunión en Palacio Municipal donde, según testigos, la funcionaria abandonó el encuentro para encarar a manifestantes que exigían solución inmediata. Lejos de tender puentes, el episodio profundizó la percepción de falta de sensibilidad ante un problema que impacta directamente a niñas, niños y personas de la tercera edad.

La contradicción que más indigna a los residentes es que, mientras el organismo sostiene públicamente que el suministro está garantizado o en vías de regularización, los vecinos aseguran que no reciben el servicio y, además, continúan recibiendo cobros. A esto se suma el gasto extraordinario en pipas privadas para cubrir necesidades básicas, lo que representa una doble carga económica en un contexto ya complejo.

Especialistas en administración pública advierten que cuando un organismo operador pierde legitimidad social, el problema deja de ser técnico y se convierte en político. El acceso al agua potable no es un servicio cualquiera: es un derecho humano reconocido constitucionalmente, especialmente protegido cuando se trata de menores de edad y personas adultas mayores.

En el entorno municipal ya se habla de que OPDAPAS podría convertirse en el principal flanco de desgaste para la administración de la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra. La percepción ciudadana comienza a consolidarse en una frase que circula entre colonias: el organismo de agua es hoy el talón de Aquiles del gobierno local.

Más allá de litigios y documentos, la pregunta de fondo persiste:

¿Puede una autoridad sostener un conflicto administrativo mientras niños y ancianos enfrentan la falta de un recurso vital?

El conflicto sigue abierto. Y cada día sin solución no solo profundiza la molestia social, sino que deja una imagen difícil de revertir: la de familias enteras sobreviviendo sin agua en pleno 2026.