Pacientes con enfermedad renal crónica y sus familiares se manifestaron este viernes en Toluca para exigir la reanudación inmediata del servicio de hemodiálisis en el Hospital General Adolfo López Mateos, luego de que las sesiones fueran suspendidas por presunto desabasto de medicamentos e insumos.

De acuerdo con los inconformes, la interrupción del tratamiento lleva más de una semana, lo que —advirtieron— coloca a decenas de personas en riesgo inminente, ya que la hemodiálisis es un procedimiento indispensable para quienes padecen insuficiencia renal.

Protesta desde la CODHEM hasta Palacio de Gobierno

La movilización inició frente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y avanzó hacia el Palacio de Gobierno estatal. Los manifestantes informaron que interpusieron una queja colectiva por presunta omisión institucional, al considerar que la falta de insumos y mantenimiento de equipos ha derivado en la cancelación de las sesiones programadas.

Durante la protesta, solicitaron la compra urgente de materiales médicos, la reparación y mantenimiento de las máquinas de hemodiálisis, así como el restablecimiento inmediato del servicio en el hospital.

Un tratamiento vital que no puede postergarse

La hemodiálisis sustituye parcialmente la función de los riñones cuando estos dejan de trabajar adecuadamente. Los pacientes que dependen de este procedimiento requieren, en la mayoría de los casos, tres sesiones por semana para eliminar toxinas y exceso de líquidos del organismo.

Los inconformes subrayaron que la suspensión no es un asunto administrativo menor, sino una situación que compromete directamente la vida de quienes reciben el tratamiento.

Costos inaccesibles en el sector privado

Ante la interrupción del servicio público, algunos pacientes han intentado recurrir a clínicas privadas; sin embargo, señalaron que el costo por sesión oscila entre mil 500 y hasta 3 mil 500 pesos, dependiendo del establecimiento.

Considerando que requieren al menos tres sesiones semanales, el gasto puede superar los 7 mil 500 pesos por semana, una cifra que, afirmaron, resulta impagable para la mayoría de las familias afectadas.

Los manifestantes insistieron en que no buscan confrontación, sino garantías para continuar con un tratamiento que consideran esencial para su supervivencia. Pidieron a las autoridades sanitarias estatales intervenir de manera urgente para asegurar el suministro de medicamentos, insumos y el funcionamiento adecuado de los equipos médicos.