El diputado Octavio Martínez Vargas, integrante de Morena, presentó una iniciativa para ampliar los supuestos de delitos cometidos en el ejercicio de la abogacía y endurecer las sanciones hasta con cinco años de prisión. La propuesta busca reforzar el ejercicio ético de la profesión y cerrar espacios a prácticas que vulneren la legalidad y la confianza en el sistema judicial.

Conductas que se pretenden sancionar

La iniciativa contempla sancionar con mayor severidad diversas conductas, entre ellas solicitar plazos para probar hechos notoriamente improcedentes; aconsejar a la persona patrocinada, cliente o defendida otorgar o presentar testimonios o pruebas documentales falsas; ocultar, sustraer o destruir expedientes judiciales o documentos oficiales; simular un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o alterar elementos de prueba; así como ejercitar acciones u oponer excepciones ante autoridades judiciales o administrativas basándose en documentos falsos o carentes de valor legal.

El legislador por Ecatepec propuso imponer de dos a cinco años de prisión, multas de 100 a 500 días, así como la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión hasta por tres años. En caso de reincidencia, se plantea la privación definitiva del derecho a ejercer la abogacía.

Argumentos de la iniciativa

De acuerdo con Martínez Vargas, el objetivo de la propuesta es proteger el ejercicio ético de la abogacía, evitar la competencia desleal de quienes obtienen ventajas indebidas y garantizar la credibilidad de los profesionistas del derecho y del sistema judicial.

Actualmente, el Código Penal vigente contempla sanciones menores para supuestos similares. Además, se estima que alrededor del 25% de las personas privadas de la libertad habrían recibido una defensa inadecuada, un dato que, según el promovente, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de responsabilidad profesional.