El Cyrus R. Vance Center for International Justice, con sede en Nueva York, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, excandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sodi fue, hasta el año pasado, presidente del Poder Judicial del Estado de México, y ahora sostiene que el proceso para elegir a nuevos jueces federales vulneró sus derechos políticos y diversos estándares internacionales en materia electoral.

La queja: violaciones a derechos políticos y fallas en la integridad electoral

La petición, presentada el 13 de febrero, argumenta que la elección judicial celebrada en 2025 se desarrolló en condiciones que no garantizaron imparcialidad, transparencia ni equidad. De acuerdo con el documento, estas circunstancias habrían derivado en violaciones a derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El escrito sostiene que el proceso no aseguró elementos esenciales de integridad electoral conforme a marcos internacionales, lo que afectó tanto al peticionario como al desarrollo general de la elección.

Irregularidades señaladas en el proceso

Entre los hechos expuestos se mencionan:

• La distribución de “acordeones” que sugerían a los votantes por qué candidatos emitir su sufragio.
• Recortes presupuestales que, según la petición, limitaron la participación de sectores como mexicanos en el extranjero y personas en prisión preventiva.
• La desestimación de recursos legales y denuncias de irregularidades por parte de autoridades electorales.
• La falta de claridad previa sobre las reglas y alcances del proceso electoral, lo que habría generado incertidumbre tanto entre candidatos como en el electorado.

El documento describe estas condiciones como “estructuralmente desiguales” y sostiene que impactaron negativamente el entorno en el que compitió Sodi.

El contexto: reforma judicial y elección popular de jueces

La controversia se inscribe en la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los cambios más relevantes, la reforma introdujo la elección popular de jueces federales, en sustitución del esquema tradicional de designación mediante procesos de selección institucional.

Según la petición, Sodi decidió participar en la contienda “de buena fe”, pese a las preocupaciones previas sobre el nuevo modelo. No obstante, sostiene que las condiciones del proceso terminaron afectando sus derechos políticos.

El Vance Center ya ha promovido otras dos peticiones ante la CIDH en relación con la reforma judicial mexicana: una en mayo de 2025, en representación de 14 jueces federales en activo y retiro, y otra en diciembre del mismo año, en nombre de un grupo de juezas federales.

Qué puede hacer la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo del sistema interamericano junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iniciará ahora un proceso de revisión para verificar la admisibilidad y analizar el fondo del caso.

De considerar procedente la petición, la Comisión podría formular recomendaciones al Estado mexicano, impulsar investigaciones o solicitar reparaciones. Asimismo, el documento solicita que se definan responsabilidades y se adopten medidas correctivas antes de la siguiente fase del proceso electoral judicial, prevista para 2027.

En declaraciones difundidas por el Vance Center, sus representantes señalaron que esta petición es relevante porque busca que los presuntos problemas sean atendidos de manera inmediata, y no años después de celebradas las elecciones, con el objetivo de evitar que las irregularidades denunciadas se repitan en futuros comicios judiciales.