Este martes, Carmela Flores Anastasio, mujer indígena otomí y esposa del preso Tomás Gabriel Crisanto, inició un plantón permanente frente a las instalaciones del Poder Judicial del Estado de México.

La protesta tiene como objetivo exigir la ejecución inmediata de la resolución de amnistía concedida a su esposo, quien lleva 13 años privado de la libertad.

El caso de Tomás Gabriel Crisanto

Tomás Gabriel Crisanto, originario del municipio de Temoaya, fue sentenciado en 2014 a 44 años de prisión por homicidio calificado. Desde entonces, su familia y diversas organizaciones han señalado presuntas irregularidades graves durante el proceso judicial.

Entre los señalamientos se encuentran la falta de un intérprete en lengua otomí, denuncias de tortura durante la detención y la no valoración de la confesión de un menor que habría reconocido su responsabilidad en los hechos. Estos elementos, de acuerdo con la defensa, constituyeron violaciones a derechos humanos.

Amnistía otorgada y retrasos en su aplicación

En marzo de 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió un pronunciamiento que permitió avanzar hacia la figura de la amnistía. La familia sostiene que desde entonces cumplió con todos los requisitos legales, incluido el pago de la reparación del daño y la acreditación de las irregularidades procesales.

Pese a ello, la resolución no ha sido ejecutada, situación que atribuyen a dilaciones administrativas dentro del Poder Judicial estatal.

Respaldo de colectivos y organizaciones civiles

El plantón cuenta con el acompañamiento del colectivo Haz Valer mi Libertad y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). Ambos han expresado su respaldo a la protesta y han exigido que la resolución se materialice sin más retrasos.

En un pronunciamiento público, Haz Valer mi Libertad calificó la acción como un acto de resistencia y señaló que la prolongación del caso mantiene a Tomás en prisión pese a que, aseguran, existen elementos que acreditan su inocencia.

Por su parte, el CDHZL informó que mantiene una observación permanente del plantón y llamó al Órgano de Consolidación de Justicia Penal del Estado de México a retomar mesas de trabajo.

Hasta la tarde del 4 de febrero de 2026, el plantón continúa sin una respuesta oficial inmediata por parte de las autoridades judiciales. La familia sostiene que la demora ha prolongado de manera innecesaria tanto la privación de la libertad como el impacto humano y familiar del caso.

 

Fotos: CDHZL