Un incidente ocurrido durante la madrugada del 24 de enero, tras un festejo privado con motivo del cumpleaños del presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, ha generado una controversia pública que involucra a un funcionario municipal en funciones y a un familiar directo del alcalde.

La situación salió a la luz a partir de un señalamiento público realizado por el periodista y ciudadano Raúl Gómez Nova, director del portal Causa Ciudadana, quien difundió tanto un texto como un mensaje en audio en el que denuncia haber sido presuntamente agredido de manera física y verbal por Iván Solís Gómez, hermano del alcalde. En su testimonio, el denunciante afirma que los hechos ocurrieron cuando se retiraba del convivio celebrado en el salón “La Cúpula”, y sostiene que, además de la agresión, fue despojado de dinero, identificaciones y tarjetas bancarias, así como amenazado de muerte.

En el video difundido en redes sociales, Gómez Nova señala que el presunto agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol y responsabiliza públicamente a Iván Solís Gómez de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. Asimismo, afirma que ya fue presentada una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que el caso se encuentra en manos de la autoridad competente.

El señalamiento provocó reacciones en el ámbito político local, particularmente por tratarse de un conflicto que involucra a un director del Instituto Municipal de la Juventud y a un familiar cercano del titular del Ejecutivo municipal. En este contexto, se abrió un debate ciudadano sobre la conducta de los entornos familiares de las figuras públicas y la necesidad de separar claramente la esfera personal del ejercicio del poder.

Ayer 28 de enero, el alcalde Adolfo Solís Gómez emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura. En el documento, señaló que el altercado habría ocurrido después de una convivencia privada con familiares y amigos, cuando él ya no se encontraba en el lugar, por lo que aseguró no haber participado ni tenido conocimiento inmediato de lo sucedido. El presidente municipal enfatizó que los hechos no ocurrieron en el ejercicio de funciones de gobierno y que deberán ser las autoridades legales las encargadas de determinar si los señalamientos ocurrieron como han sido referidos.

En su pronunciamiento, el alcalde reiteró su rechazo a cualquier expresión de violencia, subrayó su respeto al Estado de Derecho y sostuvo que no tolera este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia. También remarcó que el caso pertenece a un ámbito estrictamente personal, ajeno a la actividad institucional del Ayuntamiento.

Tras la difusión del comunicado oficial, el periodista denunciante emitió una respuesta pública en la que cuestiona el contenido y el enfoque del posicionamiento del Ayuntamiento. En su mensaje, sostiene que calificar el hecho como un “probable altercado” y encuadrarlo únicamente en la esfera personal minimiza la gravedad de una denuncia formal que incluye señalamientos de agresión física, amenazas y presunto robo. Además, plantea interrogantes sobre la ausencia de información respecto a posibles acciones internas, protocolos institucionales o acompañamiento al funcionario que presentó la denuncia.

El intercambio de posicionamientos ha mantenido el tema en el debate público local, donde distintos sectores cuestionan si un hecho que involucra a un funcionario municipal en funciones y al hermano del alcalde puede considerarse exclusivamente privado, o si tiene implicaciones institucionales que deben ser esclarecidas con mayor transparencia.