El gobierno de México realizó la transferencia de 37 operadores criminales a Estados Unidos como parte de una operación de seguridad binacional enfocada en el combate al crimen organizado transfronterizo. La acción fue confirmada este martes 20 de enero y se enmarca en los mecanismos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y justicia.
El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, señaló que los individuos trasladados están vinculados a organizaciones delictivas de alto impacto, consideradas generadoras de violencia tanto en México como en territorio estadounidense.
Marco legal y coordinación bilateral
La operación se ejecutó bajo la Ley de Seguridad Nacional y a través de instrumentos de colaboración internacional vigentes, con el objetivo de mantener el respeto a la soberanía nacional. De acuerdo con la información oficial, la transferencia responde a solicitudes formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Este tipo de acciones busca impedir que presuntos líderes u operadores continúen coordinando actividades criminales desde territorio mexicano.
El traslado se realizó mediante siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas, las cuales partieron hacia distintos puntos estratégicos en Estados Unidos. Entre los destinos reportados se encuentran Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.
En esas ciudades, los individuos enfrentarán procesos judiciales conforme a las investigaciones y cargos presentados por autoridades estadounidenses.
Compromiso sobre la pena de muerte
Un elemento relevante del acuerdo bilateral es el compromiso del Estado mexicano para que no se solicite la pena de muerte contra las personas transferidas. Esta condición se alinea con los principios constitucionales y humanitarios que rigen el sistema jurídico mexicano.
Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las identidades de los trasladados, aunque se reiteró que todos representan un riesgo significativo para la seguridad.
Esta transferencia constituye la tercera operación de gran escala de este tipo durante la actual administración federal. Con ello, el número total de criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos asciende a 92.
Las autoridades consideran que estas acciones contribuyen a debilitar la estructura operativa de los grupos criminales y a reducir su capacidad de influencia en México.
