El Congreso del Estado de México aprobó una reforma constitucional orientada a fortalecer las facultades de las instituciones policiales en la investigación de delitos. La iniciativa fue presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y tiene como objetivo mejorar la coordinación entre la Secretaría de Seguridad, las corporaciones policiales estatales y municipales, y el Ministerio Público.

Mayor coordinación entre policías y Ministerio Público

La reforma establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales deberán coordinarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como a las leyes locales aplicables.

Con este marco jurídico, se busca incrementar la eficiencia en la investigación de delitos, fortalecer la persecución de conductas ilícitas y mejorar los resultados en materia de procuración de justicia.

Seguridad pública con enfoque integral

Uno de los cambios relevantes es la ampliación del concepto de seguridad pública, que ahora incluye la supervisión de la prisión preventiva, la ejecución de sentencias y la reinserción social de las personas sentenciadas.

El objetivo es atender la seguridad desde una perspectiva integral, en la que no solo se contemple la prevención y persecución del delito, sino también la correcta ejecución del sistema penal y la reintegración social.

Principios que regirán la actuación policial

La reforma establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública deberá regirse por los principios de amor a la patria, federalismo cooperativo y protección de la persona y su dignidad.

Estos lineamientos buscan garantizar que las corporaciones actúen con apego a los derechos humanos y con respeto a la dignidad de las personas.

Armonización con el marco federal

Finalmente, la reforma aprobada armoniza la Constitución del Estado de México con la Constitución federal y con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con ello, se pretende fortalecer la coherencia normativa y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad pública.