La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este miércoles una recomendación por violaciones graves a derechos humanos al acreditar que dos personas fueron víctimas de tortura por parte de elementos de la entonces Policía Federal, tras una detención ocurrida en la carretera México–Toluca, a la altura de La Marquesa, en el Estado de México. Los hechos se remontan a 2013 y fueron documentados a partir de dictámenes médicos y psicológicos realizados conforme al Protocolo de Estambul.
Detención en un restaurante de la zona de La Marquesa
De acuerdo con la narrativa contenida en los dictámenes en materia de psicología y valoración médica, uno de los agraviados señaló que el 17 de septiembre de 2013, alrededor de las 11:00 horas, se encontraba con un familiar en un restaurante ubicado sobre la carretera México–Toluca, a la altura de La Marquesa, cuando fue detenido inicialmente por personas vestidas de civil.
Posteriormente, al lugar arribaron elementos de la entonces Policía Federal, quienes le informaron que le realizarían una revisión. A partir de ese momento, la persona quedó bajo custodia de agentes federales, lo que dio inicio a los hechos que la CNDH calificó como actos de tortura.
Tortura bajo custodia de la Policía Federal
La investigación del organismo nacional concluyó que, durante su detención y traslado, las víctimas fueron sometidas a violencia física y psicológica, con el objetivo de obtener información o confesiones. Estos actos vulneraron de manera directa su integridad personal, dignidad humana y derecho a no ser sometidos a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La CNDH destacó que las conclusiones se sustentan en dictámenes especializados elaborados conforme al Protocolo de Estambul, instrumento internacional para la investigación y documentación de la tortura.
Tras el análisis integral del caso, la Comisión determinó la existencia de violaciones graves a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de una corporación federal. Subrayó que la tortura no solo provoca daños físicos y psicológicos a las víctimas, sino que también contamina los procesos penales y socava la legalidad de las actuaciones de las autoridades.
Recomendación dirigida a la autoridad federal
La recomendación fue dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución que absorbió las funciones de la extinta Policía Federal. Entre las medidas solicitadas se encuentran la reparación integral del daño, la atención médica y psicológica a las víctimas, así como la colaboración con las autoridades competentes para investigar y sancionar a los responsables.
Además, la CNDH planteó la implementación de medidas de no repetición, orientadas a fortalecer la capacitación, los protocolos de actuación y los mecanismos de supervisión dentro de las corporaciones de seguridad federales.
Un caso que evidencia rezagos en justicia
Aunque los hechos ocurrieron en septiembre de 2013 en la zona de La Marquesa, la recomendación fue emitida más de una década después. Este lapso, señaló el organismo, refleja las dificultades estructurales para investigar y sancionar violaciones graves a derechos humanos, así como los obstáculos que enfrentan las víctimas para obtener verdad y justicia.
La CNDH reiteró que la erradicación de la tortura es una obligación permanente del Estado mexicano y que este tipo de resoluciones buscan sentar precedentes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Foto ilustrativa generada con IA
