El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero emitió una Acción Urgente para advertir sobre el riesgo a la libertad personal de tres defensores del medio ambiente pertenecientes al pueblo indígena otomí de Santa María Magdalena Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. La organización sostiene que los activistas enfrentan citas judiciales y procesos penales que podrían derivar en detenciones, en un contexto de tensión prolongada por la defensa del territorio y los recursos naturales.
Señalamientos por delitos y citatorios judiciales
De acuerdo con la alerta, Celerino Rojas García, Gonzalo Sánchez Ronquillo y Trinidad Cruz Gallardo fueron citados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, específicamente por una unidad especializada en la investigación de delitos de despojo y contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles.
La organización advierte que los señalamientos se refieren a presuntos delitos considerados graves, lo que, de avanzar, podría traducirse en medidas privativas de la libertad para los tres defensores.
🔴#AcciónUrgente | Agradecemos #MáximaDifusión.
Nuevamente está en riesgo la libertad de 3 defensores del #MedioAmbiente.
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades. #Libertad@Claudiashein @rosaicela_ @delfinagomeza @VDPombudsperson @MaryLawlorhrds @AlbertBarume pic.twitter.com/ST3i8abdPc
— Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC (@cdhzloficial) January 14, 2026
Defensa del territorio y antecedentes de conflicto
Los activistas han sido figuras visibles en la defensa comunitaria durante más de una década, en oposición a intentos de despojo territorial, tala clandestina y afectaciones ambientales. La comunidad sostiene que estas acciones se desarrollan en un entorno de falta de reconocimiento pleno de sus derechos como pueblo indígena.
Según el documento, durante 2025 se intensificaron las agresiones, incursiones y actos de hostigamiento, atribuidos tanto a actores empresariales como a autoridades locales y federales. Entre los hechos señalados se mencionan presiones policiales, agresiones físicas y amenazas, así como una estrategia de judicialización para frenar la organización comunitaria.
Acusan criminalización de la protesta social
El Centro Zeferino Ladrillero sostiene que el uso del sistema penal en este caso no es aislado, sino parte de un patrón que busca debilitar la resistencia indígena mediante procesos judiciales. La alerta subraya que, además de la vía penal, existen acciones administrativas y de presión institucional que han incrementado el clima de riesgo para la comunidad.
La Acción Urgente solicita a autoridades federales y estatales garantizar la libertad personal, la integridad física y la seguridad jurídica de los tres defensores, así como cesar cualquier forma de hostigamiento relacionada con su labor ambiental y comunitaria.
También se pide que las investigaciones se conduzcan con apego a derechos humanos, tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales de protección a personas defensoras del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
El caso se suma a otros conflictos registrados en el país donde comunidades indígenas en resistencia enfrentan procesos legales mientras defienden su territorio frente a intereses externos. Organizaciones civiles advierten que estos escenarios ponen a prueba la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia sin criminalizar la protesta social ni la defensa ambiental.
