Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán realizaron este martes una serie de manifestaciones y bloqueos carreteros en distintos puntos del estado para denunciar lo que consideran una acumulación de incumplimientos, omisiones y falta de justicia por parte de autoridades municipales, estatales y federales. Las movilizaciones se llevaron a cabo de manera pacífica y formaron parte de la Primera Jornada de Memoria, Resistencia, Lucha y Dignidad de los Pueblos Originarios de Michoacán.

Movilizaciones en puntos estratégicos del estado

De acuerdo con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), las acciones incluyeron tomas temporales de carreteras clave que conectan regiones de la Meseta Purépecha, la zona Lacustre, la capital del estado y el corredor hacia la costa. Entre los tramos afectados estuvieron vías como Cherán–Zamora, Cherán–Uruapan, Morelia–Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro–Salvador Escalante y accesos en la ciudad de Morelia.

Las comunidades participantes ofrecieron disculpas a la población por las afectaciones a la circulación, al señalar que este tipo de acciones responden, según su postura, a la falta de atención institucional a problemas que llevan años sin resolverse.

Autonomía y respeto al autogobierno comunitario

Uno de los ejes centrales de la protesta fue la exigencia de respeto al autogobierno indígena. El CSIM acusó a los ayuntamientos de Salvador Escalante y Quiroga de intervenir en la vida interna de las comunidades de Opopeo y El Calvario, así como de difundir información que, a su juicio, genera confrontación interna y deslegitima a las autoridades tradicionales.

Las comunidades señalaron que el reconocimiento del autogobierno es un derecho colectivo y demandaron que se respete la libre determinación de los pueblos originarios conforme a los marcos legales vigentes.

Otro de los reclamos se centró en el derecho humano al agua. Las autoridades tradicionales denunciaron la criminalización de la comunidad matlatzinca o pirinda de San Miguel del Monte, que defiende manantiales frente a la extracción por parte de particulares. También exigieron a la Comisión Nacional del Agua el cumplimiento de acuerdos previamente firmados relacionados con el acceso al manantial Cienfuegos para la comunidad de Rancho Seco.

Desde la perspectiva de las comunidades, estos conflictos reflejan una disputa desigual por los recursos naturales y una falta de protección efectiva a quienes buscan preservar fuentes de agua comunitarias.

Las manifestaciones también estuvieron marcadas por denuncias de violencia e impunidad. El CSIM afirmó que más de 70 autoridades tradicionales y comuneros han sido asesinados o desaparecidos en Michoacán por la defensa de sus territorios, sin que existan resoluciones judiciales en la mayoría de los casos.

En este contexto, las comunidades cuestionaron la eficacia de los distintos planes federales de paz y justicia implementados en la entidad, al considerar que no han logrado reducir la inseguridad ni garantizar protección a los pueblos originarios.

El caso de Ostula y la Sierra-Costa

En paralelo, la comunidad nahua de Santa María Ostula difundió un pronunciamiento en el que recordó que se cumplen tres años del asesinato de tres integrantes de su Guardia Comunal, hechos que, denunciaron, permanecen sin investigación ni sanción. En su comunicado, Ostula señaló que el CJNG continúa operando en la región de la Sierra-Costa, con ataques armados, uso de drones y desplazamiento forzado de poblaciones.

La comunidad sostuvo que los operativos gubernamentales no han logrado frenar la violencia y reiteró su exigencia de justicia para las víctimas, así como su decisión de mantener la organización comunitaria para la defensa de su territorio.

Otro punto del pliego petitorio fue la denuncia de incumplimientos en materia de obra pública y salud. Las comunidades acusaron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de no concretar proyectos acordados y señalaron que cientos de comunidades quedaron fuera del programa federal “La Clínica es Nuestra” para unidades médicas rurales durante el último año.

Asimismo, exigieron al Gobierno de Michoacán cumplir compromisos firmados relacionados con seguridad, transporte público, apoyo al campo e infraestructura básica.

Las movilizaciones de este martes reflejan una problemática estructural que, según las comunidades, combina falta de reconocimiento pleno de derechos colectivos, conflictos por recursos naturales, violencia persistente y rezagos en servicios básicos. A través de estas acciones, los pueblos originarios de Michoacán buscan colocar nuevamente en la agenda pública demandas que consideran históricas y urgentes, en espera de respuestas institucionales concretas.

 

Fotos: Consejo Supremo Indígena de Michoacán y Comunicación Ostula