El Congreso del Estado de México recibió una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez orientada a fortalecer de manera integral la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, mediante el uso inmediato de tecnologías, el acceso a bases de datos estratégicas y una coordinación más amplia entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Acceso inmediato a datos clave y activación de alertas
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda desde el primer reporte o denuncia, así como la emisión obligatoria de una ficha técnica de búsqueda de carácter oficial, que deberá difundirse de forma masiva por todos los medios disponibles. Este documento permitirá, además, notificar al Registro Nacional de Población para activar alertas en la Plataforma Única de Identidad sobre el uso de la CURP de la persona reportada.
La iniciativa también establece la obligación de permitir el acceso inmediato a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías, exclusivamente para fines de búsqueda e investigación, por parte de fiscalías, autoridades de seguridad y comisiones de búsqueda nacionales y locales.
Coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades
El proyecto legislativo plantea mayores capacidades de investigación y acciones inmediatas de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales, así como con instituciones públicas y privadas. En este sentido, se propone que las fiscalías y comisiones de búsqueda tengan acceso directo a la Plataforma Única de Identidad.
Asimismo, se prevé el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en materia de desaparición, garantizando recursos humanos, financieros, materiales y técnicos suficientes, con unidades multidisciplinarias dedicadas a la investigación, análisis de contexto, atención a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, además de áreas especializadas en delitos cibernéticos.
Obligaciones para instituciones públicas y privadas
La iniciativa impone nuevas obligaciones a centros de atención a las adicciones, centros de reinserción social, centros de asistencia social y estaciones migratorias, tanto públicos como privados, para que cuenten con registros biométricos completos y actualizados, y permitan su consulta a las autoridades competentes.
De igual forma, todas las instituciones que resguarden cuerpos o restos humanos deberán llevar registros forenses sistematizados, interconectarlos y remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses, facilitando su consulta. También se contempla que quienes generen o administren imágenes satelitales o datos obtenidos mediante aeronaves no tripuladas u otras tecnologías permitan su uso en labores de búsqueda.
La iniciativa propone reformas a diversas normas estatales, entre ellas las leyes en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Seguridad y el Código Civil, con el objetivo de dar sustento jurídico a los nuevos mecanismos de búsqueda, investigación e identificación.
Contexto nacional de la problemática
Durante la lectura de la iniciativa en sesión de la Diputación Permanente, a cargo del diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida, se expuso que la desaparición de personas constituye una de las crisis más graves del país. De acuerdo con cifras oficiales, entre el 31 de diciembre de 1952 y el 10 de diciembre de 2025 se tiene un registro de 386 mil 500 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas; de ese total, 133 mil 562 personas, equivalentes al 34.56 por ciento, permanecen desaparecidas o no localizadas, mientras que 252 mil 938, el 65.44 por ciento, han sido localizadas.
El Congreso mexiquense analizará la iniciativa en comisiones, con el objetivo de evaluar su alcance jurídico y operativo en el fortalecimiento de la respuesta institucional ante la desaparición de personas en la entidad.
