La delegación internacional que visitó México en el marco de la campaña Tejer Diálogos, Defender Derechos incluyó como parte de su recorrido una visita para revisar el caso de la activista indígena amuzga Kenia Hernández, privada de la libertad desde hace cinco años. Su situación fue destacada como uno de los ejemplos más preocupantes de criminalización de personas defensoras en México.
Visita a Kenia Hernández y denuncia de criminalización
Durante su gira, integrantes de la misión —conformada por europarlamentarias y organizaciones de Europa y América Latina— ingresaron al penal Neza-Sur para visitar a Hernández, tras tres años de intentos fallidos. La eurodiputada Diana Riba i Giner reiteró las violaciones a derechos humanos en contra de la defensora indígena criminalizada por el estado mexicano.
“Kenia Hernández lleva 5 años injustamente encarcelada por su defensa del territorio, de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Después de 3 años intentándolo, hemos podido visitarla y reiteramos nuestra demanda por su liberación”, señaló Riba i Giner.
La delegación sostuvo que este caso refleja un patrón más amplio de criminalización que afecta a personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos de las mujeres, así como a quienes acompañan a comunidades indígenas en procesos de resistencia social.
Preocupación por violencia y falta de resultados en Chiapas
Además del caso de Hernández, el grupo destacó su inquietud por la creciente violencia en Chiapas, que —afirmaron— continúa afectando a pueblos indígenas sin que las estrategias de pacificación hayan dado resultados. Señalaron que se requieren acciones urgentes y coordinadas para garantizar seguridad y justicia en la región.
Organizaciones civiles informaron que desde 2023 se han registrado al menos 47 asesinatos de personas defensoras y 14 de periodistas posiblemente vinculados con su labor, incluidas víctimas que contaban con medidas de protección activas.
Como parte de este gira realizada este mes de noviembre en territorio mexicano, el colectivo internacional también llamó la atención sobre otros casos que consideran emblemáticos, como el de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado entre señalamientos de tortura y violaciones al debido proceso, así como el de cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, detenidos por oponerse a megaproyectos y a la militarización.
La misión recordó que más de 103 mil personas permanecen encarceladas en México sin sentencia, lo que —según advirtieron— evidencia problemas estructurales en el sistema de justicia.
Dialogan con autoridades sobre migración y protección
La visita incluyó reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el objetivo de conocer las acciones implementadas en materia de derechos humanos, especialmente en temas de migración, juventudes y libertad de expresión.
Los delegados manifestaron preocupación por el uso de fuerzas militares en tareas de control fronterizo y sus impactos sobre personas migrantes. Recordaron que México recibió cerca de 80 mil solicitudes de asilo en 2024, lo que —afirmaron— demanda políticas más sólidas y centradas en la protección de derechos.
Durante su recorrido por el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, la delegación sostuvo encuentros con organizaciones civiles, colectivos y defensoras que compartieron diagnósticos y propuestas frente al contexto de violencia.
En estos diálogos, se subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad civil para garantizar entornos seguros para quienes defienden derechos humanos. También se llamó a ofrecer protección diferenciada a mujeres defensoras, incluidas madres buscadoras y activistas que acompañan a personas migrantes.
La misión internacional concluyó su visita reconociendo la labor de personas defensoras y reiterando su compromiso con una agenda de cooperación. Subrayaron que casos como el de Kenia Hernández exigen respuestas integrales, revisión de políticas de seguridad y justicia, y un enfoque de derechos humanos que incluya la participación activa de la sociedad civil.
