Toluca, EdoMéx.- Toluca inicia una ruta de prevención y respeto a la labor periodística. A raíz de los hechos del 2 de octubre, se llevó a cabo este lunes una mesa de diálogo y capacitación dirigida a elementos de la Policía Municipal de Toluca. El encuentro tuvo como objetivo reforzar el respeto a la labor periodística y de defensa de derechos humanos, así como promover la correcta aplicación del Protocolo de Actuación Policial, buscando evitar futuras agresiones y garantizar entornos seguros para quienes informan y defienden derechos.

La jornada se enmarca en una respuesta institucional a los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando se registraron incidentes entre cuerpos de seguridad y manifestantes, incluyendo periodistas y activistas, durante una movilización conmemorativa en Toluca. A raíz de estos acontecimientos, el Gobierno del Estado de México activó el Protocolo de Actuación para garantizar la vida, integridad y libertad de quienes ejercen el derecho a informar y defender derechos humanos.

El evento contó con la participación del Coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México (CEMPIDH), Luis Miguel Carriedo Téllez; el Secretario Técnico de Presidencia, Cesar Olivares; así como representantes de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y de la Dirección de Seguridad Pública de Toluca. En un ambiente de colaboración institucional, se abordaron temas relacionados con la libertad de expresión, el derecho a defender derechos humanos y las obligaciones de los cuerpos de seguridad en contextos de riesgo.

Durante el encuentro, periodistas compartieron experiencias recientes sobre coberturas en movilizaciones, incluyendo las agresiones recibidas el 2 de octubre, donde algunos reportaron restricciones o intimidaciones verbales y físicas. También se plantearon propuestas para mejorar la comunicación entre medios y autoridades durante eventos públicos, como la designación de enlaces institucionales y la delimitación de zonas seguras de cobertura. Y sobre todo, se solicitó claridad en los protocolos para evitar interpretaciones discrecionales por parte de los cuerpos de seguridad.

Posterirmente, las autoridades destacaron que más de 2,000 elementos de la Policía Municipal serán capacitados en el marco del mecanismo estatal, como parte de una estrategia integral para prevenir futuras agresiones y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de derechos fundamentales. Esta acción responde a la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de consolidar una política pública efectiva en materia de protección.

Entre los temas sobresalientes se presentó el Protocolo de Actuación Policial, el cual establece criterios claros para la intervención de las fuerzas de seguridad en situaciones que involucren a periodistas o personas defensoras. Asimismo, se compartieron recomendaciones prácticas para identificar riesgos, solicitar medidas de protección y colaborar con las instancias correspondientes.

Durante su intervención, Carriedo Téllez subrayó: “La libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos no deben ser vistos como una amenaza, sino como una garantía democrática que las instituciones están obligadas a proteger”.

También se remarcó que junto a esta mesa de diálogo, se le sumarán una serie de cinco jornadas programadas en el municipio de Toluca orientadas a fortalecer la coordinación interinstitucional y sensibilizar a los cuerpos de seguridad sobre el papel fundamental que desempeñan periodistas y defensa de derechos humanos.

Con este ejercicio de diálogo y formación, el Gobierno Municipal de Toluca junto al CEMPIDH, reafirman su compromiso con la construcción de entornos seguros para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos. La elaboración conjunta de un protocolo local de actuación, nutrido por las voces del gremio y las autoridades, representa un paso fundamental para restablecer la confianza entre periodistas y cuerpos de seguridad, y para consolidar una cultura institucional basada en el respeto, la prevención y la garantía de libertades fundamentales.