Autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo un amplio operativo para desarticular redes dedicadas al robo y venta ilegal de agua en la entidad. La acción, denominada “Operación Caudal”, tuvo como resultado la intervención de 189 inmuebles presuntamente vinculados con actividades de extracción y comercialización ilícita del recurso.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las acciones se realizaron de manera simultánea en 48 municipios, con el propósito de proteger el abasto a la población y restablecer la legalidad en el suministro. En los lugares inspeccionados se aseguraron 322 transportes tipo pipa, que presuntamente eran utilizados para el acaparamiento y venta de agua a tarifas abusivas.

El operativo formó parte de los trabajos coordinados por la Mesa de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). También intervinieron autoridades municipales y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Sobreexplotación y precios elevados

Las investigaciones revelaron que el agua extraída de pozos clandestinos no recibía tratamiento para su potabilización, lo que podría representar riesgos sanitarios para la población. Además, se detectó que el líquido era vendido con sobrecostos significativos. En municipios como Ecatepec, el precio se incrementó hasta en 59% respecto al valor regulado; en Cuautitlán, el alza fue del 41.4%, y en Toluca, del 10%.

Según la FGJEM, algunas de las pipas utilizadas carecían de permisos obligatorios y presentaban logotipos o calcomanías falsos para aparentar legalidad. También se identificaron presuntas organizaciones sociales y sindicatos que operaban bajo nombres como “Alianza de Autotransportistas”, “Comerciantes y Anexas de México”, “25 de Marzo” y “22 de Octubre”, entre otros, posiblemente involucrados en estas actividades.

Acciones legales y aseguramientos

Durante las operaciones se detuvieron 37 vehículos y varios individuos en flagrancia, algunos de ellos por presunta participación en delitos relacionados con la explotación y distribución ilegal de agua. La FGJEM anunció que ejercerá acción penal contra los responsables y que las investigaciones continúan para determinar la posible implicación de servidores públicos y particulares.

El comunicado precisó que el operativo no afectó el funcionamiento de los pozos oficiales ni la infraestructura de abasto municipal. La CAEM, en coordinación con organismos locales, activó planes de contingencia para garantizar el suministro de agua en las zonas intervenidas.