Bernardo Bravo, voz del sector citrícola contra la extorsión, fue hallado sin vida tras ser secuestrado en Apatzingán

El productor y líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) y del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano, fue hallado sin vida la mañana de este lunes en una carretera de Tierra Caliente, tras haber sido secuestrado un día antes por hombres armados.

El cuerpo del empresario fue localizado dentro de su camioneta en el tramo Apatzingán–Presa del Rosario, cerca de la comunidad de La Tinaja, municipio de Tepalcatepec. Presentaba huellas de tortura y disparos, según fuentes policiales, aunque la Fiscalía General del Estado de Michoacán solo confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio.

Una voz incómoda para el crimen organizado

Durante los últimos dos años, Bernardo Bravo se había convertido en una de las voces más visibles contra la extorsión criminal en Michoacán, donde grupos delictivos imponen cuotas en todas las fases del cultivo y comercialización del limón, uno de los principales productos agrícolas de la región.

Bravo denunció reiteradamente que el “derecho de piso” y las amenazas armadas habían convertido al sector limonero en un “secuestro permanente”, con cobros que alcanzaban hasta 4 pesos por kilo de producto, afectando no solo a los productores, sino también a empacadores, transportistas y comerciantes.

En entrevistas, foros y publicaciones en redes sociales, acusó que las autoridades locales y estatales no actuaban con firmeza, y exigía que las investigaciones se dirigieran contra los jefes criminales, no solo contra sicarios. “El crimen dicta leyes de otro orden en la región”, dijo en una de sus últimas declaraciones públicas.

De la denuncia al riesgo

Su activismo lo colocó en el centro de la tensión entre productores y grupos criminales. Desde inicios de 2024, cuando asumió el liderazgo de la ACVA, Bravo impulsó reuniones con autoridades municipales y estatales, organizó protestas y paros productivos, y acompañó a la Diócesis de Apatzingán en actos por la paz.

El 14 de octubre de 2025, apenas seis días antes de su asesinato, encabezó un paro nacional de productores de limón para exigir precios justos y seguridad en la región. Días antes había advertido públicamente que las amenazas persistían y que la impunidad solo fortalecía a los grupos delictivos.

También criticó la corrupción en la Fiscalía estatal, a la que acusó de obstaculizar denuncias de extorsión. “Es urgente limpiar la institución, o nadie volverá a confiar en la justicia”, señaló el 3 de octubre, en una entrevista reciente.

El secuestro y hallazgo

La noche del 19 de octubre, Bravo fue privado de la libertad por hombres armados en los alrededores de Apatzingán, una zona bajo influencia del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG). No hubo testigos directos ni reportes de rescate durante las horas posteriores.

Al amanecer del 20 de octubre, su cuerpo apareció en la camioneta en la que viajaba, con signos de violencia y posibles indicios de tortura. Las autoridades acordonaron el área y trasladaron el vehículo al Ministerio Público, sin confirmar detenciones ni líneas de investigación.

Indignación y exigencia de justicia

El crimen ha provocado una ola de indignación entre productores, activistas y representantes religiosos de Tierra Caliente, quienes consideran el asesinato como una represalia directa por sus denuncias.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una investigación interinstitucional con apoyo federal, mientras líderes agrícolas y organizaciones ciudadanas exigieron garantías de seguridad para el sector.

En redes sociales, productores compartieron mensajes de duelo y fotografías de Bravo en su labor, recordándolo como “orgullosamente limonero” y un símbolo de resistencia frente al crimen organizado.

Un golpe al corazón del campo michoacano

El homicidio de Bernardo Bravo ocurre en un contexto en el que el 80% de la producción nacional de limón —concentrada en Michoacán— se encuentra bajo presión de redes criminales que controlan desde la cosecha hasta la distribución.

Su muerte deja un vacío de liderazgo en el gremio limonero, que hoy teme nuevas represalias y exige resultados concretos a las autoridades. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene la investigación abierta sin avances públicos, en una región donde, como advirtió el propio Bravo, la impunidad se ha vuelto parte del paisaje.