Un operativo militar terminó en tragedia la noche del pasado 6 de octubre cuando elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego contra una camioneta que transportaba jornaleros agrícolas en la carretera Tampico-Mante, en el estado de Tamaulipas, resultando en la muerte de seis civiles y al menos dos personas heridas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en el kilómetro 71 de la carretera federal, a la altura del poblado de Estación Manuel, en el municipio de González; cinco murieron en el lugar y otro más camino al hospital.

A pesar de que la versión inicial de la Sedena, refería que los militares se habían visto «amenazados» por la camioneta, posteriormente han empezado a surgir reportes de que no iban armados, y se trata al parecer de trabajadores que regresaban de una jornada laboral en los campos agrícolas de la región cuando fueron interceptadas por el convoy militar.

Ante esta situación, también la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en la conferencia mañanera de hoy, que se está realizando una investigación, reconociendo que los primeros indicios apuntan a una violación a las disposiciones de la Ley de Uso de Armas de Fuego y la estrategia de seguridad.

Según fuentes oficiales consultadas por El País, ya se estaría investigando este incidente como un «error» de parte de las fuerzas armadas.

La versión oficial inicial

Según el primer comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los soldados percibieron que la camioneta blanca tipo pick-up «intentó embestir» una de sus unidades, lo que los llevó a responder con fuego de armas.

La dependencia describió los hechos como un «enfrentamiento con civiles armados», aunque hasta el momento no se ha presentado evidencia sobre la presencia de armas en posesión de las víctimas.

Cinco de los trabajadores murieron en el lugar, mientras que un sexto falleció durante su traslado al Hospital General «Carlos Canseco» de Tampico. Los heridos reciben atención médica en la misma institución.

La SEDENA informó que los seis elementos militares involucrados en el incidente fueron relevados inmediatamente de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. La institución reconoció que se trató de un «error en la percepción de amenaza» y reiteró su compromiso con una «política de cero impunidad».

Respuesta presidencial

Durante su conferencia matutina del 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el incidente y ordenó una investigación exhaustiva. «Un caso muy lamentable y la Defensa tomó cartas en el asunto», declaró desde Palacio Nacional, enfatizando que su gobierno mantiene una cercanía con las familias afectadas.

La mandataria aprovechó para diferenciarse de políticas de seguridad anteriores: «No somos la guerra contra el narco de Calderón, donde se permitía la excepción de llegar a disparar», señaló, reiterando que las fuerzas armadas solo deben actuar ante delitos en flagrancia, órdenes de aprehensión o cateo, y responder únicamente si existe una agresión directa.

Sheinbaum también llamó a regular la Ley de Uso de Armas de Fuego para evitar este tipo de tragedias y garantizar que las actuaciones militares se apeguen al marco legal vigente.