La historia judicial del país vive un parteaguas: los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumieron funciones este 1° de septiembre tras ser elegidos por voto popular, en un proceso que rompe con siglos de tradición en la designación de los máximos representantes del Poder Judicial.

Este cambio, derivado de la reforma constitucional de 2024, no solo redefine la composición de la Corte, sino que también plantea un nuevo paradigma para la impartición de justicia, con implicaciones profundas para la democracia y el Estado de derecho.

Un proceso electoral inédito

Por primera vez, los ciudadanos eligieron directamente a los nueve ministros del pleno de la SCJN. La jornada se llevó a cabo el 1 de junio de 2025, con una oferta de 81 candidatos propuestos por los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Aunque la participación alcanzó apenas 13%, el ejercicio representó un paso hacia la democratización de un poder históricamente percibido como elitista. Los ministros electos —cinco mujeres y cuatro hombres— asumieron con mandatos escalonados de entre 8 y 12 años, buscando una renovación gradual en el futuro.

Cambios estructurales en la Corte

La reforma de 2024 redujo el pleno de 11 a 9 ministros y eliminó las dos salas especializadas. Todas las deliberaciones se desarrollarán en sesiones públicas, lo que pretende aumentar la transparencia.

Además, la presidencia de la Corte será rotatoria cada dos años, y el periodo de los ministros se redujo de 15 a 12 años, con la intención de dinamizar la renovación del tribunal. Estas medidas han generado debate sobre la continuidad y la experiencia en la resolución de casos complejos.

Retos y oportunidades

La Corte enfrenta un rezago de asuntos relevantes, como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La centralización de decisiones podría agilizar la resolución, aunque también existe el riesgo de saturación.

El modelo de elección popular ha generado opiniones divididas. Mientras unos lo consideran un avance contra el nepotismo y la corrupción, otros advierten sobre riesgos de politización o “populismo judicial”.

Un inicio simbólico

Los nuevos ministros iniciaron funciones con una ceremonia de «purificación» en la sede de la SCJN, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El acto, buscó marcar una nueva etapa basada en austeridad, honestidad y transparencia, según expresó la presidenta de la República.

La jornada culminó con una sesión solemne en la que los ministros ratificaron su compromiso con la Constitución y los derechos humanos.

Mirando al futuro

A partir del 1 de septiembre de 2025, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será ocupada por Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco nacido en Oaxaca en 1973, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección judicial del 1 de junio, con más de 6.1 millones de sufragios. Aguilar, se convierte en el primer indígena en presidir la SCJN desde Benito Juárez.

Con una licenciatura y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su propuesta para la Corte se centra en una justicia intercultural que incorpore la visión colectiva de los pueblos y atienda las realidades de los sectores excluidos, promoviendo un enfoque basado en los derechos humanos y la justicia social.

Aguilar asumirá la presidencia por un periodo inicial de dos años, tras lo cual la rotación establecida por la reforma permitirá que Lenia Batres Guadarrama, quien obtuvo el segundo lugar en la votación con 5.8 millones de votos, tome el cargo. Esta rotación busca garantizar una distribución equitativa del liderazgo dentro del pleno.

Este 1 de septiembre marca no solo la toma de protesta de los nuevos ministros, sino el comienzo de una etapa que será observada de cerca dentro y fuera del país, como un experimento inédito en la justicia constitucional contemporánea.