El gobierno mexicano trasladó el día de ayer a 26 «generadores de violencia» a Estados Unidos, y este miércoles el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de este operativo, donde se reconoció públicamente que estos delincuentes de alto perfil continuaban dirigiendo actividades criminales desde sus celdas.

El reconocimiento oficial: criminales operando tras las rejas

García Harfuch fue contundente al admitir una realidad preocupante del sistema penitenciario mexicano: «Estos delincuentes de alto perfil que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos».

El secretario detalló cómo estas interacciones legales eran sistemáticamente aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios públicos y extender redes de corrupción e intimidación. «Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad», explicó.

La gravedad de la situación se ilustra con una declaración directa del funcionario: «Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos».

La dimensión alarmante del problema carcelario

García Harfuch reveló que muchos de estos criminales habían logrado manipular el sistema judicial para obtener amparos que les permitían permanecer en cárceles de baja seguridad. Más preocupante aún, se preveía que otros reclusos en centros penitenciarios federales recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales «menos vigilados», incrementando exponencialmente el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso de fuga.

El secretario también alertó sobre la existencia de «litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada», lo que de haberse concretado «significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas».

Para dimensionar el problema, García Harfuch citó ejemplos específicos del traslado anterior de febrero. Miguel Ángel «N», alias «Z-40», había logrado posponer su proceso de extradición en 79 ocasiones, mientras que Óscar «N», alias «Z-42», obtuvo 54 postergaciones. Ambos criminales, desde prisión, fueron «responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal».

Decisión soberana ante crisis del sistema penitenciario

Ante esta realidad, el Consejo de Seguridad Nacional tomó una decisión soberana orientada exclusivamente a la protección de la población mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anticipado en su conferencia matutina que se trataba de «decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país», subrayando que no responden a peticiones externas ni están vinculadas al Acuerdo de Seguridad binacional.

«La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas», enfatizó la mandataria, explicando que se basan en análisis del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.

Cuando un periodista cuestionó a la presidenta Sheinbaum sobre el «sentido» de entregar estos personajes a Estados Unidos, considerando que algunos posteriormente «negocian» o son liberados, la mandataria fue clara al enfatizar el carácter soberano de la decisión, basada exclusivamente en la seguridad nacional mexicana, independientemente de lo que posteriormente ocurra en territorio estadounidense.

Acción de seguridad nacional

García Harfuch reforzó que la acción «no responde a ningún tipo de negociación» y representa «un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad».

El Fiscal General Alejandro Gertz Manero detalló el marco jurídico que sustenta estas acciones extraordinarias, citando la Ley de Seguridad Nacional de 2005, específicamente su artículo quinto, el artículo 89 de la Constitución y la Convención de Palermo.

«Existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países», explicó Gertz Manero, quien enfatizó que el mensaje es «muy claro y muy preciso» para toda la delincuencia que opera contra ambas naciones.

Operativo masivo

Reconociendo la gravedad de mantener a estos criminales operativos desde prisión, se desplegó un operativo de gran envergadura que involucró 988 efectivos, 12 aeronaves y 90 vehículos de múltiples instituciones: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Fiscalía General de la República.

Desde la Base Aérea Militar Número Uno, se realizaron traslados simultáneos hacia cinco destinos estadounidenses:

• 8 personas a White Plains, Nueva York
• 1 a John F. Kennedy, Nueva York
• 5 a San Diego, California
• 6 a Phoenix, Arizona
• 6 a Dulles, Virginia

Las 26 personas que continuaban operando desde prisión se encontraban distribuidas en cinco centros penitenciarios federales y cuatro estatales. Según el comunicado oficial, 14 fueron extraídas de centros federales, 11 de centros en la Ciudad de México y uno de Baja California.

Todos contaban con órdenes de extradición y enfrentaban investigaciones por delitos de alto impacto: tráfico de personas, homicidio, trasiego de drogas, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. García Harfuch fue específico al señalar que «estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades, contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y con sus operaciones ilícitas generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años».

Identificación de los trasladados confirmados

Aunque las autoridades mexicanas no revelaron la lista completa de los 26 trasladados por razones de seguridad, sí confirmaron públicamente la identidad de algunos de los criminales de mayor relevancia:

Gabriel González Valencia: Líder de la organización criminal conocida como «Los Cuinis», vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la conferencia se mencionó que había sido colaborador activo en investigaciones relacionadas con el caso Iguala, aunque no se especificó si esta colaboración había concluido antes de su traslado.

Mauro Alberto Núñez Ojeda: Piloto privado y persona de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. García Harfuch confirmó que, aunque no participó físicamente en el traslado del «Mayo» Zambada a Estados Unidos, se esperaba que aportara información crucial sobre la organización criminal y sus operaciones.

Las autoridades también hicieron referencia histórica a criminales trasladados en el operativo anterior de febrero, incluyendo a Miguel Ángel «N» (alias «Z-40») y Óscar «N» (alias «Z-42»), quienes ejemplificaron el patrón de operación criminal desde prisión que motivó estas acciones extraordinarias.

El resto de los 26 trasladados permanecen bajo reserva de identidad, aunque se confirmó que todos enfrentaban múltiples acusaciones en Estados Unidos y mantenían operaciones criminales activas desde sus centros de reclusión en México.

Aunque García Harfuch no lo mencionó, reportes periodísticos apuntan a que entre los enviados a EEUU, estaría también Servando Gómez Martínez «La Tuta», ex líder de La Familia Michoacana.

Garantía constitucional

Se acordó con el Departamento de Justicia estadounidense no solicitar la pena de muerte, tanto para los 29 trasladados en febrero como para estos 26. Gertz Manero enfatizó que esto no constituye una negociación, sino un requerimiento constitucional mexicano.

Durante la sesión de preguntas, García Harfuch aclaró que se aplicó el mismo marco legal en ambos traslados: la Ley de Seguridad Nacional, no la ley de extradición tradicional. También confirmó que las acciones futuras dependerán de solicitudes debidamente fundadas del país requirente.

Ante cuestionamientos sobre las decisiones judiciales que habían permitido que estos criminales mantuvieran capacidad operativa desde prisión, Gertz Manero reconoció «casos específicos frecuentes» en materia de delincuencia organizada que «llegan a extremos increíbles», expresando confianza en que el cambio sustantivo en el Poder Judicial proporcionará mejores respuestas.

García Harfuch concluyó que, tras reconocer que estos criminales continuaban operando desde prisión, las acciones de traslado «no solo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia».

«El Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales y la seguridad del pueblo de México es la prioridad», declaró, en lo que constituye un reconocimiento implícito de que el sistema penitenciario había sido infiltrado y utilizado como centro de operaciones criminales.

La operación se ejecutó sin incidentes, restableciendo la normalidad en todos los centros penitenciarios afectados y neutralizando definitivamente la capacidad operativa de estos 26 generadores de violencia que habían convertido sus celdas en centros de comando criminal.