Los días 21 y 22 de julio de 2025, autoridades federales y estatales ejecutaron la denominada «Operación Liberación» en 14 municipios del Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada por el gobierno federal. Esta acción coordinada tuvo como objetivo principal desmantelar redes de extorsión vinculadas a grupos criminales organizados que ejercían control sobre actividades comerciales en la región.
La operación se desarrolló en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe de Progreso, Sultepec, Tejuipilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria, extendiéndose también a territorio de Quintana Roo.
Estructura operativa y recursos desplegados
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó en conferencia de prensa el 23 de julio sobre el despliegue logístico de la operación.
Se movilizaron 2,866 efectivos organizados en 63 células operativas, utilizando 698 vehículos y estableciendo 33 filtros de seguridad.
La operación involucró la participación coordinada de múltiples instituciones: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional.
Resultados documentados
Las autoridades reportaron ocho detenciones: siete personas en el Estado de México identificadas como Antonio «N», Alicia «N», Eli «N», Gonzalo «N», Jorge «N», José Fernando «N» y Yareli «N», además de Bernardo Alejandro «N» en Quintana Roo. Los cateos se realizaron en 52 establecimientos comerciales identificados como centros de operación de las redes de extorsión.
Los decomisos incluyeron la aseguramiento de 52 inmuebles, así como diversos activos: 4,174 aves de corral, 30 reses, 52 cabras, 17,657 kilogramos de alimento y forraje, 3.9 toneladas de carne, 5,000 bolsas de cemento de 50 kilogramos, materiales de construcción como bloques, varillas y alambre, 128 vehículos y 18 animales exóticos que incluían mapaches, pumas, pavos reales y cisnes.
Modalidades de extorsión identificadas
Según el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, los grupos criminales operaban a través de negocios aparentemente legítimos que funcionaban como fachadas para actividades extorsivas.
Los sectores más afectados incluían materiales de construcción, ganadería, avicultura y comercialización de productos cárnicos. El esquema consistía en obligar a comerciantes de la región a adquirir productos exclusivamente de establecimientos controlados por la organización criminal, utilizando amenazas para mantener el monopolio sobre ciertos sectores económicos.
Las autoridades identificaron que La Familia Michoacana era la organización criminal principalmente involucrada en estas actividades de extorsión, ejerciendo control territorial sobre las actividades comerciales en los municipios mencionados.
Reacciones y resistencia local
Durante el desarrollo de la operación se registraron bloqueos carreteros en varios municipios, incluyendo Luvianos, Tlatlaya, Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Temascaltepec. Estos bloqueos fueron realizados por grupos que incluían taxistas, sindicatos de construcción y pobladores locales, comenzando el 21 de julio como reacción al despliegue de fuerzas de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 23 de julio, confirmó que la situación fue controlada sin confrontaciones mayores y anunció que se investigaría a las personas involucradas en los bloqueos por su posible vinculación con el crimen organizado.
Coordinación institucional
El fiscal Cervantes Martínez destacó que la operación no constituyó una acción aislada, sino parte de una colaboración continua entre el gobierno federal y las autoridades estatales. Esta coordinación permitió la ejecución simultánea de acciones en múltiples municipios y la articulación de capacidades investigativas y operativas de diferentes niveles de gobierno.
La FGJEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México mantuvieron un papel activo en la planificación y ejecución de la operación, trabajando en conjunto con las dependencias federales para el desarrollo de la estrategia operativa.
La «Operación Liberación» se enmarca dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política pública diseñada para combatir este delito que afecta significativamente la actividad económica en diversas regiones del país. Esta estrategia busca desmantelar las estructuras criminales que ejercen control sobre sectores comerciales mediante amenazas y violencia.
