La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, por su responsabilidad en un caso de secuestro exprés ocurrido en agosto de 2024. Esta es la segunda condena derivada de la Operación “Enjambre”, que investiga vínculos entre servidores públicos municipales y grupos criminales generadores de violencia en la entidad.
De acuerdo con la investigación, el 21 de agosto de 2024, dos personas que transportaban un cargamento de bebidas alcohólicas por la carretera Tlatlaya-Cerro del Campo, a la altura del paraje Puerto Frío, fueron interceptadas por Nicolás Santos. Utilizando la violencia, el entonces comisario las obligó a descender del vehículo, tras lo cual llegaron al lugar varios sujetos armados con indumentaria tipo militar, presuntamente miembros de «La Familia Michoacana».
Las víctimas fueron privadas de la libertad con el objetivo de despojarlas de la mercancía, y los agresores, incluyendo al ahora sentenciado, huyeron del sitio. La denuncia dio origen a una investigación que culminó con su detención en septiembre de 2024 como parte de la Operación “Enjambre”.
Según información de la Fiscalía, esta operación se activó tras la desaparición del comisario de Temascalcingo, Agustín “N”, y su escolta. A partir de este hecho, las autoridades detectaron una red de funcionarios municipales involucrados en delitos como extorsión y colaboración activa con grupos criminales. Entre los detenidos también se encuentran mandos de seguridad de Acambay, Coatepec Harinas y Aculco.
Las indagatorias también revelaron que Luis Ángel Nicolás Santos mantenía contacto directo con José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, identificado como líder de una organización criminal de origen michoacano. La Fiscalía documentó reuniones frecuentes entre ambos.
Hasta el momento, la Operación “Enjambre” ha derivado en la detención de 60 personas, muchas de ellas con cargos públicos, y continúa en curso para desarticular redes de complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado.
