Francesca Albanese, la relatora de la ONU que enfureció a EEUU por exhibir el lucro del genocidio en Gaza

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  • Por su contundente informe que vincula intereses empresariales y financieros con crímenes en Palestina, Francesca Albanese enfrenta sanciones de Washington. Mientras tanto, el proceso internacional contra Israel avanza.

Este miércoles, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció sanciones contra la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, a quien acusa de impulsar acciones legales en la Corte Penal Internacional (CPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos tanto de Israel como de su propio país. Según Rubio, los esfuerzos de Albanese constituyen una “guerra legal” que Estados Unidos no tolerará, advirtiendo que su gobierno tomará “todas las medidas necesarias” para proteger la soberanía de sus aliados.

Aunque Rubio no precisó los detalles en su anuncio, posteriormente se confirmó que las medidas contra Albanese incluyen la prohibición de entrada a EEUU y la congelación de cualquier activo que posea en territorio estadounidense.

Un precedente: ataques a la Corte Penal Internacional

No es la primera vez que EEUU responde con sanciones a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos en Gaza. En junio de 2025, el gobierno estadounidense ya había sancionado a cuatro jueces de la CPI tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios por crímenes de guerra en Gaza. Aquellas medidas también implicaron la congelación de cuentas bancarias, afectando incluso el funcionamiento del propio tribunal.

Esta nueva ofensiva legal y diplomática contra Albanese coincide con la visita de Netanyahu a EE.UU., donde se ha evitado deliberadamente hacer referencia a las órdenes de arresto emitidas por la CPI meses atrás.

El informe que provocó la furia de Washington

La reacción estadounidense se da tras la presentación esta misma semana del más reciente informe de Albanese ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, titulado “From the Economy of Occupation to the Economy of Genocide” (“De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”), en el marco de la 59ª sesión del organismo.

El documento detalla cómo múltiples actores privados —empresas, bancos y fondos de inversión— estarían obteniendo enormes beneficios económicos derivados del genocidio en Gaza y de la ocupación israelí en Palestina. Las conclusiones son contundentes: el conflicto ha generado un auge económico para sectores como el armamentístico, tecnológico, de construcción, servicios y financiero.

Ganancias millonarias de corporaciones globales

Entre las empresas mencionadas en el informe están:

  • Industria militar: Lockheed Martin, Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, beneficiadas por el aumento del gasto militar israelí.
  • Proveedores de maquinaria: Caterpillar, Hyundai y Volvo, señaladas por suministrar equipo para la demolición de hogares palestinos y el desarrollo de asentamientos ilegales.
  • Tecnológicas: IBM, Google, Microsoft, Amazon y Palantir, que han ofrecido software de vigilancia y servicios en la nube al aparato de ocupación.
  • Sector financiero: Bancos como Allianz, AXA, Barclays y BNP Paribas, que han invertido en bonos y acciones vinculados a la economía israelí.
  • Turismo e infraestructura: Firmas como Airbnb (a través de servicios de alojamiento en territorios ocupados) y desarrolladoras de infraestructura vial.
  • Energía: Empresas como Glencore (Suiza), Drummond (EE.UU.) involucradas en el suministro de carbón; y petroleras como BP y Chevron beneficiadas con la explotación de gas frente a las costas de Gaza, recurso que el derecho internacional considera palestino.

También se menciona el auge bursátil en Tel Aviv, donde el índice principal se ha disparado más del 200% en meses recientes, reflejando ingresos multimillonarios.

Fondos de inversión y una firma mexicana implicada

El documento también identifica a los gigantes financieros BlackRock y Vanguard, que reciben beneficios por miles de millones de dólares, siendo los principales accionistas de varias de las compañías involucradas.

De particular interés para América Latina es la mención de Orbia Advance Corporation, empresa mexicana antes conocida como Mexichem y controlada por la familia Del Valle. Orbia, a través de su filial Netafim (de la cual posee el 80%), estaría explotando intensivamente recursos de agua y tierra en Cisjordania.

Orbia, parte del grupo Kaluz, también es dueña de la empresa de materiales de construcción Elementia (dueña del Cemento Fortaleza, etc), del banco BX+, así como de firmas como Wavin, Dura-line (proveedora de fibra óptica para Telmex, Totalplay y Megacable), Koura México, Tuflex y Plásticos Rex.

En total, el informe menciona a más de 60 empresas de América, Europa, Asia y Medio Oriente como beneficiarias directas o indirectas de las políticas coloniales israelíes, sugiriendo que deberían ser objeto de medidas de transparencia, responsabilidad legal, lo que ha impulsado también su inclusión en campañas de boicot, desinversión y sanciones (BDS).

Solidaridad con Francesca Albanese

Pese a las sanciones, Francesca Albanese ha recibido muestras de apoyo en distintos frentes. Amnistía Internacional, a través de su directora Agnes Callamard, expresó su respaldo y denunció las sanciones como una “afrenta vergonzosa a la justicia internacional”; además de reiterar que los hechos ocurridos en Gaza, deben ser calificados como un «genocidio«.

El exministro griego Yanis Varoufakis calificó a Marco Rubio como “enemigo del derecho internacional” y describió a Albanese como una “servidora incansable de los estándares éticos mínimos”.

También se sumó el exdirector de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Nueva York, Craig Mokhiber, quien tachó las medidas como ilegales y acusó al gobierno estadounidense de socavar la justicia y promover la impunidad de sus aliados.

Incluso organizaciones judías antisionistas, como Torah Jews, emitieron un comunicado en su defensa bajo el lema “We are all Francesca”, exigiendo justicia y una investigación seria de los crímenes cometidos por Israel con apoyo estadounidense.

La justicia internacional sigue su curso

A pesar de las sanciones y presiones, los procesos legales internacionales contra Israel siguen avanzando. La Corte Penal Internacional ya ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes cometidos en Gaza, y continúa investigando hechos similares en Cisjordania y Jerusalén Este.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia —encargada de los litigios entre estados— avanza en su investigación por genocidio, tras haber declarado en meses pasados la plausibilidad de actos genocidas cometidos por Israel, aunque aún continúa el proceso judicial completo.

De hecho, este mismo miércoles la Asamblea de los Estados Miembros de la CPI concluyeron su período extraordinario de sesiones sobre el crimen de la agresión en Gaza, donde debatieron enmiendas para ampliar su jurisdicción, pese a la intimidación de EEUU, a instancias de Israel, lo cual fue considerado como una «ofensa a la justicia, recordando el 80 aniversario del Tribunal de Núremberg y la ilegalidad de la ocupación israelí en Palestina».

Al respecto, la misma Albanese reflexionó: «Para que quede claro, hoy más que nunca: me mantengo firme y convincentemente del lado de la justicia, como siempre lo he hecho. Vengo de un país (Italia) con una tradición de ilustres juristas, talentosos abogados y valientes jueces que han defendido la justicia a un alto precio y, a menudo, con su propia vida. Me propongo honrar esa tradición. Además: se llama Estatuto de Roma por una razón, y estoy orgullosa de ello».

Frente a lo que se perfila como el crimen más grave de este siglo, la comunidad internacional observa con atención. Y mientras figuras como Francesca Albanese pagan el precio de denunciar la verdad, los organismos internacionales están cada vez más cerca de emitir condenas históricas.


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