El gobierno de México, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó este martes una Estrategia Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de prevenir y reducir la incidencia de este delito que ha afectado significativamente a la población.
Durante la conferencia de prensa matutina, realizada en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló las principales acciones que conforman esta iniciativa, la cual busca una respuesta integral y coordinada a nivel nacional.
La estrategia, según se informó, incluye la implementación de un número único, el 089, destinado exclusivamente a recibir denuncias anónimas relacionadas con extorsión.
Este mecanismo busca facilitar la reporting por parte de las víctimas, garantizando su anonimato y ofreciendo una respuesta inmediata. García Harfuch destacó que el 089 contará con operadores especializados, quienes recibirán las denuncias, identificarán el tipo de extorsión (telefónica o presencial) y canalizarán la información a las instancias correspondientes para su atención.
Un componente clave de la estrategia es la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se encargará de congelar cuentas bancarias vinculadas a actividades delictivas de extorsión.
Esta medida, según el secretario, no solo debilita la estructura operativa de las redes criminales al cortar el flujo de recursos, sino que también protege a las víctimas al impedir que los extorsionadores accedan a los fondos obtenidos ilícitamente. Además, se prevé la solicitud de mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas asociadas a este delito, así como operativos sorpresa en centros penitenciarios para asegurar equipos telefónicos utilizados en la comisión de extorsiones.
La presidenta Sheinbaum enfatizó la importancia de un enfoque multidisciplinario, destacando que la estrategia no solo se centra en la represión, sino también en la prevención. Como parte de esta visión, se anunció una campaña de concientización que será difundida a través de canales institucionales, dirigida a cajeros de tiendas de conveniencia, instituciones bancarias y recepcionistas de hoteles, con el fin de capacitarlos para identificar y evitar casos de extorsión y secuestro virtual.
En la conferencia, García Harfuch mencionó que el 66% de las extorsiones a nivel nacional se concentran en ocho entidades federativas: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Estas regiones serán prioritarias en la implementación de la estrategia, con equipos especializados que actuarán de manera coordinada con las autoridades locales.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó esta iniciativa, y afirmó que la entidad se une a la estrategia nacional como parte de los esfuerzos por fortalecer la seguridad en todo el país. Gómez destacó la importancia de la coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para lograr una disminución significativa en los índices de extorsión, un delito que, según señaló, será enfrentado con personal capacitado y una atención adecuada en casos de emergencia.
En la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gobierno de México ha habilitado el número 089 como un número nacional exclusivo para las denuncias por extorsión. Desde el #EdoMéx nos sumamos a esta estrategia, una propuesta de nuestra Presidenta @Claudiashein para fortalecer… pic.twitter.com/8OyW4oPfgd
— Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 8, 2025
La Estrategia Nacional contra la Extorsión se presenta en un contexto donde este delito ha mostrado un aumento preocupante, afectando no solo a individuos, sino también a empresas y comunidades enteras. La iniciativa busca responder a esta realidad con medidas que combinen la tecnología, la inteligencia financiera y la acción operativa, bajo un enfoque que prioriza la protección de las víctimas y la desarticulación de las redes delictivas.
Aunque la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad de las autoridades para garantizar su continuidad, la estrategia marca un esfuerzo significativo por abordar un problema que ha generado alarma social.
