El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo autónomo encargado de medir la pobreza y evaluar las políticas de desarrollo social en México, enfrenta una propuesta legislativa que busca su extinción y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A continuación, se presenta una explicación sobre como avanza el proceso en el Congreso de la Unión.

Contexto de la iniciativa

El Coneval fue creado en 2004 mediante la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) como un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión. Desde 2014, tras una reforma constitucional, adquirió el estatus de organismo constitucional autónomo, con la misión de generar información objetiva sobre la pobreza multidimensional y evaluar programas sociales. Sus funciones incluyen la medición de la pobreza cada dos años a nivel nacional y cada cinco años a nivel municipal, así como la emisión de recomendaciones para mejorar las políticas públicas.

La iniciativa para extinguir el Coneval forma parte de una propuesta de «simplificación orgánica» impulsada por el Ejecutivo federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo declarado es optimizar recursos y evitar la duplicidad de funciones entre instituciones, argumentando que el INEGI, como organismo autónomo con experiencia en la generación de datos estadísticos, puede absorber las tareas del Coneval.

Avances en el Congreso

El proceso legislativo para la extinción del Coneval ha avanzado significativamente en la Cámara de Diputados. Ayer, 23 de junio de 2025, durante una sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron en lo general y en lo particular un dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estas modificaciones eliminan al Coneval como organismo autónomo y transfieren sus atribuciones al INEGI.

El dictamen fue respaldado por 353 votos a favor, principalmente de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 126 votos en contra de las bancadas de oposición, incluyendo el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Entre las reformas aprobadas, se derogaron los artículos 75, 76 y 77 de la LGDS, que otorgaban al Coneval la facultad de revisar y corregir programas sociales, así como de someter indicadores de resultados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El INEGI, según el dictamen, asumirá la responsabilidad de medir la pobreza, evaluar la política de desarrollo social y actualizar los lineamientos metodológicos para garantizar la continuidad y comparabilidad de los indicadores históricos. Sin embargo, no se especifica en el texto aprobado la asignación de recursos adicionales al INEGI para cumplir con estas nuevas funciones.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue turnado al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación. El Senado deberá analizar la iniciativa, y en caso de introducir modificaciones, el proyecto regresaría a la Cámara de Diputados para su conciliación.

Implicaciones de la reforma

La transferencia de funciones al INEGI plantea varios puntos relevantes. Por un lado, el INEGI es reconocido por su capacidad técnica en la recolección y análisis de datos estadísticos, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que sirve de base para las mediciones de pobreza del Coneval. Esto podría facilitar la integración de procesos estadísticos. Por otro lado, el Coneval se especializa en la evaluación de políticas públicas y en la generación de recomendaciones correctivas, una función que el INEGI no ha desempeñado históricamente.

La falta de claridad sobre cómo se implementarán estas tareas y la ausencia de un presupuesto adicional podrían generar desafíos operativos.

La iniciativa para desaparecer el Coneval y transferir sus funciones al INEGI refleja un esfuerzo del gobierno federal por reestructurar la administración pública, pero también genera interrogantes sobre la continuidad de la evaluación independiente de las políticas sociales.