El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero emitió una acción urgente (AU/CDHZL: 7/2025) para alertar sobre el riesgo de privación de la libertad que enfrentan ocho indígenas otomíes, incluyendo al defensor de derechos humanos Pablo Romero Segura, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Los hechos señalan que estas personas, cuatro hombres y tres mujeres de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, han sido notificadas para presentarse a una audiencia el 24 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, ubicado en el Penal de Barrientos.

En dicha audiencia, se les formulará una imputación por el delito de “despojo” en el marco de la Causa de Control Penal 2054/2024, lo que pone en riesgo su libertad, independientemente de que asistan o no a la audiencia.

La denuncia fue presentada por Reyes Antonio Silva Beltrán, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ha ocupado cargos como presidente municipal de Huixquilucan y diputado federal en el Congreso de la Unión en dos ocasiones.

La organización defensora de los derechos humanos denunció que este caso se enmarca en un contexto de persecución sistemática contra comunidades indígenas otomíes en el municipio, donde el sistema de justicia penal ha sido utilizado de manera indebida para criminalizar a liderazgos visibles y despojar a las comunidades de sus territorios comunales en beneficio de empresas nacionales y extranjeras.

Huixquilucan, destacado como un bastión de posiciones políticas conservadoras, ha sido escenario de estas prácticas que buscan debilitar la resistencia indígena.

Pablo Romero Segura, indígena y persona adulta mayor, es un referente en la defensa de los derechos de su comunidad desde la década de 1990. Su labor se ha centrado en la protección del bosque, el agua y el territorio otomí en Huixquilucan, lo que lo convierte en un blanco de esta acción judicial.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero considera alarmante este intento de criminalización, que pone en riesgo no solo su libertad, sino también la de sus siete compañeros.

Peticiones de la Acción Urgente

El Centro solicita a las autoridades mexicanas garantizar la libertad personal, así como la integridad física y psicológica de Pablo Romero Segura y sus compañeros, con base en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos, y el Acuerdo de Escazú. Se exhorta a enviar llamamientos hasta el 30 de junio de 2025 a las siguientes autoridades e instancias internacionales:

• Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México (contacto@claudiasheinbaum.com.mx, @Claudiashein).
• Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaría de Gobernación (@rosaicela_).
• Mtra. Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México (@delfinagomeza).
• Lic. José Luis Cervantes Gutiérrez, Fiscalía General de Justicia del Estado de México (@FiscaliaEdomex).
• Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (@RosarioPiedralb, @CNDH).
• Mtra. Myrna García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (@MyrnaGarciaMx).
• Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos (@MaryLawlorhrds).
• Dr. Albert K. Barume, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (@AlbertBarume).

Esta acción urgente busca visibilizar la situación de vulnerabilidad de los defensores indígenas y exigir el respeto a sus derechos fundamentales frente a lo que el Centro considera un uso indebido del sistema penal para reprimir la defensa del territorio otomí.