Desde su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un enérgico llamado a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos para que se movilice en contra de un proyecto de ley que pretende imponer un arancel del 5% a las remesas enviadas desde ese país.

Este impuesto, propuesto como parte de una agenda legislativa más amplia, ha generado una fuerte oposición tanto en México como en otros países afectados, debido a las implicaciones económicas y sociales que tendría para millones de familias.

Durante su discurso, Sheinbaum enfatizó que este impuesto no solo es injusto, sino que también constituye una forma de doble tributación, dado que los mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos sobre sus ingresos.

«No estamos de acuerdo con este impuesto a las remesas. Es injusto e invita a nuestros paisanos y paisanas a que envíen mensajes por redes sociales, correos electrónicos y cartas a los senadores y senadoras de Estados Unidos, porque esta medida pasa al Senado», declaró la presidenta.

No estamos de acuerdo con el impuesto a remesas; significa un doble cobro porque todos los mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos. Además, viola el convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal que se firmó desde 1992 entre México y el vecino país… pic.twitter.com/kdjKmshFkb

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 24, 2025

Sheinbaum argumentó que las remesas son un pilar fundamental de la economía mexicana, representando una fuente vital de ingresos para millones de familias, especialmente en comunidades rurales y marginadas.

Según datos recientes, las remesas enviadas desde Estados Unidos a México superan los 60,000 millones de dólares anuales, lo que las convierte en una de las principales entradas de divisas para el país. Imponer un arancel del 5% no solo afectaría directamente a los remitentes, sino que también reduciría el monto que finalmente llega a las familias receptoras, muchas de las cuales dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y atención médica.

Además, la presidenta señaló que este impuesto viola el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, firmado entre México y Estados Unidos en 1992. Este acuerdo tiene como objetivo evitar que los mismos ingresos sean gravados en ambos países, y la imposición de un arancel a las remesas contravendría este principio. «Los mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos. Este arancel sería un cobro adicional que no solo es injusto, sino que también va en contra de los acuerdos internacionales», explicó.

En su llamado a la acción, Sheinbaum instó a la comunidad mexicana en Estados Unidos a hacer escuchar su voz a través de todos los canales disponibles. «Vamos a seguir trabajando para evitar que este impuesto se concrete. Envía mensajes, correos, cartas. Haz que los senadores y senadoras se den cuenta de que esta medida afecta a millones de personas, no solo en México, sino también en sus comunidades», subrayó.

La reacción de la comunidad mexicana en Estados Unidos no se ha hecho esperar. Organizaciones civiles, líderes comunitarios y activistas han comenzado a organizar campañas en redes sociales y a preparar cartas dirigidas a los legisladores estadounidenses. Algunos han destacado que este impuesto no solo perjudicaría a las familias mexicanas, sino también a la economía de Estados Unidos, dado que las remesas son un motor de consumo en las comunidades receptoras, lo que a su vez beneficia a empresas locales y al ciclo económico general.

Por su parte, el gobierno mexicano ha anunciado que continuará con gestiones diplomáticas para revertir esta medida.

Sheinbaum mencionó que un equipo especial estará en contacto con senadores y representantes del Congreso de Estados Unidos para exponer los argumentos en contra del arancel y buscar soluciones alternativas. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a defender los derechos de nuestros hermanos migrantes y de las familias que dependen de estas remesas», afirmó.

Esta semana, una misión diplomática encabezada por el embajador Esteban Moctezuma, consiguió únicamente una reducción del 1.5%, lo que estaría significando un impuesto del 3.5%, no obstante que la intención del gobierno mexicano, es evitar esta doble tributación.