Este miércoles, la exmagistrada Lambertina Galeana Marín, de 80 años, fue detenida en su domicilio en Chilpancingo, Guerrero, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación: su presunta responsabilidad en la destrucción de videos captados por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones que podrían ser clave para esclarecer la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Este arresto representa un hito en la lucha por la justicia en uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de la historia reciente de México, pero también reaviva preguntas sobre el papel de las instituciones en el encubrimiento de un crimen que ha sido calificado como “de Estado”.

El contexto: una noche de horror en Iguala

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa viajaron a Iguala, Guerrero, con la intención de tomar autobuses para asistir a una marcha conmemorativa en la Ciudad de México. Sin embargo, fueron brutalmente atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, en presunta colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos. El saldo fue devastador: seis personas asesinadas, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos, cuyo paradero sigue siendo un misterio más de una década después.

El Palacio de Justicia de Iguala, ubicado en un crucero estratégico a la salida de la ciudad rumbo a Chilpancingo, fue uno de los escenarios clave de los hechos. Según investigaciones posteriores, en ese lugar se interceptó al menos uno de los autobuses donde viajaban los normalistas.

Testimonios y reconstrucciones forenses indican que los estudiantes fueron obligados a descender del vehículo y trasladados en patrullas, posiblemente hacia Huitzuco, donde habrían sido entregados a un líder criminal conocido como “El Patrón”. La participación de policías municipales, federales y, según reportes, incluso elementos del Ejército, apunta a una operación coordinada que involucró a múltiples niveles de autoridad.

Los videos del Palacio de Justicia: una prueba perdida

Las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia, específicamente las identificadas como 12 y 15, estaban estratégicamente posicionadas para captar lo que ocurría en el crucero donde se desarrolló parte de la tragedia. Estas grabaciones, de haber sido preservadas, podrían haber documentado el momento exacto en que los estudiantes fueron interceptados, los vehículos utilizados, la identidad de los perpetradores y la posible participación de agentes de distintas corporaciones.

Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en la investigación, los videos eran fundamentales para esclarecer la secuencia de eventos y las responsabilidades de los involucrados.

En su informe de agosto de 2016, el GIEI expresó su preocupación por la desaparición de estas grabaciones, señalando que, según testimonios, los videos existieron y fueron enviados a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

Sin embargo, Galeana Marín afirmó que las imágenes no eran útiles porque “solo captaban manchas borrosas” debido a “problemas técnicos”. Esta explicación fue cuestionada por el GIEI, que consideró la destrucción de los videos como una posible obstrucción deliberada a la justicia. En su tercer informe, presentado en 2022, el GIEI reiteró que la pérdida de estas pruebas representaba un obstáculo grave para el esclarecimiento del caso, ya que las grabaciones podrían haber mostrado la colusión entre autoridades y grupos criminales, así como el destino inmediato de los estudiantes.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también destacó en su informe de agosto de 2022 la importancia de los videos. Según la COVAJ, las grabaciones podrían haber corroborado la participación de policías de Huitzuco y otros actores en el traslado de los normalistas, desmintiendo la narrativa oficial conocida como la “verdad histórica”, que sostenía que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, una versión desechada por falta de evidencia científica.

La detención de Galeana Marín: un avance con claroscuros

La captura de Lambertina Galeana Marín, quien presidió el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero entre 2014 y 2015, se suma a otras detenciones de personas vinculadas al caso Ayotzinapa, incluyendo policías, militares y presuntos miembros de Guerreros Unidos. La FGR la acusa de delitos graves, como desaparición forzada y obstrucción a la administración de justicia, por su presunto papel en la eliminación de las grabaciones.

La detención, ejecutada en la colonia Ruffo Figueroa de Chilpancingo, no estuvo exenta de controversia: reportes indican que los agentes federales ingresaron con violencia a su domicilio, y la exmagistrada, debido a problemas de hipertensión, fue trasladada en ambulancia para una evaluación médica antes de ser ingresada a un centro de reclusión.

Este arresto ha sido recibido con cautela por los familiares de los 43 estudiantes y las organizaciones que los acompañan. Durante más de un década, han exigido la entrega de los videos del Palacio de Justicia, considerándolos una pieza clave para romper el “pacto de silencio” que ha protegido a los responsables. Sin embargo, la avanzada edad de Galeana Marín y las circunstancias de su detención han generado críticas sobre el manejo del caso por parte de las autoridades, que podrían ser vistas como un intento de mostrar avances sin abordar a fondo la responsabilidad de actores de mayor rango.

¿Por qué los videos son cruciales?

Los videos del Palacio de Justicia no solo representan una prueba material, sino un símbolo de la lucha por la verdad en el caso Ayotzinapa. Su importancia radica en varios puntos:

• Evidencia directa de los hechos: Las grabaciones podrían mostrar el momento en que los estudiantes fueron interceptados, identificando a los perpetradores y los vehículos involucrados. Esto permitiría confirmar o desmentir testimonios clave, como los que señalan la participación de policías de Huitzuco y elementos castrenses.
• Colusión entre autoridades y crimen organizado: El GIEI ha documentado que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado, con la participación de autoridades municipales, estatales, federales y militares. Los videos podrían haber captado la coordinación entre estas fuerzas y el cártel Guerreros Unidos, evidenciando un entramado criminal que trasciende a los actores locales.
• Ruta de los estudiantes: Una de las grandes incógnitas del caso es el destino de los normalistas tras ser sacados de los autobuses. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el GIEI han señalado que los videos podrían mostrar si los estudiantes fueron llevados a Huitzuco, lo que abriría nuevas líneas de investigación sobre su paradero.
• Desmantelamiento de la “verdad histórica”: La narrativa oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto fue desmontada por el GIEI y otros organismos independientes. Los videos habrían proporcionado pruebas irrefutables para rechazar la versión del basurero de Cocula y avanzar hacia una reconstrucción más veraz de los hechos.

Un llamado a la justicia

La detención de Lambertina Galeana Marín es un recordatorio de que la verdad sobre Ayotzinapa sigue siendo esquiva, pero también de que la presión de las familias y la sociedad civil ha logrado avances significativos. A más de diez años de la tragedia, el clamor de “vivos los queremos” sigue resonando, acompañado de la exigencia de que no haya impunidad para quienes, desde las instituciones, obstruyeron la justicia.

El caso de los videos del Palacio de Justicia subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en un país donde la colusión entre autoridades y el crimen organizado ha dejado heridas profundas.