En los últimos años, la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, ha sido escenario de un fenómeno preocupante: el uso de drones por parte de cárteles mexicanos para monitorear las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según reportes recientes, desde febrero de 2022 se han registrado más de 155,000 incidentes relacionados con estos dispositivos, lo que evidencia una táctica cada vez más sofisticada del crimen organizado para contrarrestar los esfuerzos de las autoridades estadounidenses.

Una estrategia de vigilancia avanzada

Los drones, operados desde territorio mexicano, tienen como objetivo principal recopilar información en tiempo real sobre las actividades de la CBP, especialmente en áreas de alta actividad como el Valle del Río Grande. Estos dispositivos, equipados con cámaras de alta resolución y, en algunos casos, tecnología de visión nocturna, permiten a los cárteles identificar rutas de patrullaje, puntos ciegos y horarios de menor presencia de agentes.

Esta información es utilizada para coordinar el tráfico de drogas, el cruce de personas y otras actividades ilícitas con mayor precisión, minimizando el riesgo de ser detectados.

Gloria Chávez, jefa del sector Río Grande de la CBP, ha destacado la intensidad de esta práctica en el sur de Texas, describiéndola como una «amenaza seria» para la seguridad fronteriza. Los drones no solo graban las operaciones de los agentes, sino que también han sido detectados portando cargas ligeras, como paquetes de narcóticos, e incluso, en casos aislados, explosivos improvisados en otras regiones de México, lo que eleva la preocupación sobre su potencial uso en la frontera.

Respuesta de las autoridades estadounidenses

Ante esta situación, la CBP ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar el uso de drones. Las autoridades han invertido en tecnologías avanzadas de detección y neutralización, incluyendo sistemas antidrones capaces de interceptar y, en algunos casos, replicar las señales de estos dispositivos para obtener inteligencia operativa. Además, se han desplegado más de 6,400 efectivos militares y de la Guardia Nacional en la frontera suroeste, con cerca de 4,000 en Texas, apoyados por el Departamento de Defensa en labores de vigilancia y coordinación.

La colaboración con las autoridades mexicanas también ha sido un componente clave. Aunque la información recopilada por los drones interceptados se comparte con México, las tensiones bilaterales han surgido debido a reportes de vuelos de drones estadounidenses, operados por la CIA y el Pentágono, en espacio aéreo mexicano para espiar a los cárteles.

Estas operaciones, que en algunos casos no contarían con la autorización explícita del gobierno mexicano, han generado críticas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha enfatizado la importancia de respetar la soberanía nacional.

Reacciones y tensiones bilaterales

El aumento de los incidentes con drones ha avivado el debate sobre cómo abordar la influencia de los cárteles en la región. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha promovido una postura más agresiva, considerando la posibilidad de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que podría justificar acciones más directas, como ataques con drones armados. S

in embargo, esta propuesta ha sido recibida con escepticismo por el gobierno mexicano, que teme una escalada de intervencionismo extranjero.

Por su parte, México ha intensificado sus esfuerzos para regular el uso de drones y contrarrestar su empleo por parte del crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha propuesto reformas legales para clasificar los drones modificados como armas de uso exclusivo del ejército y ha desplegado unidades especializadas en desactivación de explosivos y neutralización de drones.

Sin embargo, la capacidad de los cárteles para fabricar drones a medida, con cargas de hasta 100 kilogramos, plantea un desafío significativo.

El fenómeno de los drones operados por cárteles mexicanos representa una evolución en las tácticas del crimen organizado, que aprovecha la tecnología para desafiar a las autoridades en ambos lados de la frontera. Si bien Estados Unidos y México han tomado medidas para contrarrestar esta amenaza, la magnitud de los incidentes —más de 155,000 en tres años— sugiere que se requiere una respuesta más integral, que combine avances tecnológicos, cooperación bilateral y un marco legal robusto.