Fuerzas armadas asaltan y raptan a dos zapatistas, acusándolos falsamente de secuestro; ya están libres

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Un grave incidente se registró en días pasados en el estado de Chiapas, donde un convoy interinstitucional, con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Fiscalía de Chiapas, habría cometido múltiples vejaciones en una localidad zapatista, donde habrían robado una importante suma de dinero, y se habrían llevado raptados a dos hombres, bases de apoyo zapatista, con cargos que habrían sido fabricados.

La situación generó una crisis en la entidad, que provocó el llamado de organizaciones de derechos humanos y colectivos internacionales, quienes rapidamente denunciaron la detención arbitraria contra los dos zapatistas, calificando a estos hechos también como un ataque contra la autonomía de los pueblos originarios en resistencia.

Los hechos

Fue el pasado 25 de abril, que la Secretaría de Seguridad de Chiapas, anunció la captura de José Baldemar de 45 años de edad y Andrés Manuel de 21 años, acusándolos de presuntos delitos contra la salud y la Ley Federal de armas de fuego.

Los dos hombres fueron mostrados frente a un conjunto de equipamiento táctico y armas, además de algunas bolsas con presuntos narcóticos.

No obstante que horas después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba), hizo eco de una comunicación de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), donde se denunciaba la desaparición de los dos hombres, quienes habrían sido levantados por la fuerza por un convoy de fuerzas armadas el día 24 de abril.

Las primeras comunicaciones de esta reconocida organización de derechos humanos, fue en el sentido que los dos zapatistas estaban desaparecidos, ya que durante varias horas estuvieron retenidos e incomunicados, sin ser presentados oficialmente, hasta que finalmente se confirmó su paradero en una instalación de la Fiscalía de Chiapas en San Cristóbal de las Casas.

Desde el principio, el Frayba y las comunidades afirmaron que los dos hombres, detenidos en la localidad de San Pedro Cotzilnam, (parte del municipio oficial de Aldama, que es al mismo tiempo parte de la Región Autónoma Zapatista de Vicente Guerrero), eran inocentes, y que además el convoy que irrumpió en la comunidad, cometió múltiples agravios.

La ONG detalló que el convoy policial que realizó el operativo, estaba conformado por 39 vehículos (posteriormente se confirmó que eran 41, contando dos de avanzada con civiles armados), incluyendo «Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal».

En las fotografías presentadas por la fiscalía de Chiapas, también se muestran a agentes de dichas corporaciones estatales y federales; es decir, se habría realizado en un amplio operativo «del más alto nivel».

Mientras que las organizaciones simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se organizaban para hacer global la denuncia de represión al movimiento zapatista, en la fiscalía de Chiapas no se ponían de acuerdo, en cómo mantener en prisión a estos dos hombres, padre e hijo.

Fue así como posteriormente, el día 27 de abril, la Fiscalía de Chiapas emitió un nuevo comunicado, cambiando la versión de los hechos y los cargos imputados contra José Baldemar y Andrés Manuel, a quienes ahora implicaba en algo muy grave, un secuestro y un asesinato en la comunidad de Xuxchen.

Además de informar su supuesta nueva detención, esta vez eran fotografiados en compañía de un tercer sujeto, identificado como Andrés Martín «N»; este individuo, sí habría estado implicado en un secuestro y homicidio, no obstante que la fiscalía de Chiapas, sin evidencia de por medio, pretendía vincular a los zapatistas José y Andrés, como parte de este crimen.

Mientras tanto, el Centro Frayba, lideraba una campaña nacional e internacional para exigir la liberación de los inocentes, incluyendo recaudación de firmas y manifestaciones en varias ciudades, y denunciando graves acusaciones en contra de las fuerzas armadas.

«La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas», señaló el Centro Frayba.

La organización de derechos humanos, también denunció una posible estrategia de represión en contra de los pueblos indígenas en resistencia: «Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común».

En la misiva, exhortaban al estado mexicano a garantizar la liberación de José y Andrés, así como a cesar la represión y ataques contra la autonomía zapatista.

Libertad para los inocentes; EZLN hace el trabajo de la fiscalía

A la par que la Fiscalía buscaba la forma de tener retenidos a los dos zapatistas, y que las organizaciones de derechos humanos hacían un llamado a la solidaridad internacional para su liberación, la organización autónoma zapatista, también realizó su propia investigación, así lo confirmó finalmente el EZLN este 2 de mayo, en su primer comunicado tras varios días de silencio.

El EZLN, informó que descubrió que efectivamente había habido un secuestro, en esta región norte del estado, donde convergen territorios «civiles» y «zapatistas», y fue así que llegaron a la identificación y detención de los dos responsables, mismos que fueron entregados durante la madrugada del pasado jueves a la fiscalía de Chiapas.

Horas después, la fiscalía de Chiapas, liberó también a Andrés y José, reconociendo así su inocencia, y generando un acuerdo extrajudicial, que tampoco fue informado a través de los canales oficiales de la fiscalía del estado.

A pesar de que las autoridades de Chiapas, no confirmaron abiertamente la liberación de José y Andrés, este sábado 3 de mayo confirmaron solo la vinculación a proceso de Andrés Martín «N», el tercer sujeto que había sido presentado como secuestrador junto a los dos zapatistas, ratificando así que solo él continúa por dicho proceso judicial; mismo destino que también se estará confirmando posiblemente en próximas horas, para los otros dos implicados por el caso, y entregados por las autoridades zapatistas.

El comunicado zapatista, firmado por el Subcomandante Moisés, denunció que a pesar de que los compañeros fueron liberados, aún «los robadores gubernamentales se niegan a devolver todo lo que despojaron»; particularmente «pertenencias y paga de los afectados y de las comunidades, (…) un automóvil, una motocicleta y una fuerte cantidad de dinero en efectivo».

Moisés, uno de los más altos mandos del EZLN, también señaló: «Los gobiernos de la mal llamada 4T mienten en todo lo que dicen respecto a los pueblos originarios y los movimientos sociales. Son iguales o peores que los gobiernos priístas y panistas anteriores. Esas cantidades que presumen de “detenidos”, para agradar al Trump, son en su mayoría inocentes. En lugar de comprar opiniones favorables en los medios y redes sociales, los malos gobiernos deberían pagarles bien a sus fuerzas represivas para que no tenga que robar a quienes menos o nada tienen».

Cabe señalar que hasta el momento, ninguna de las dependencias armadas federales involucradas en los hechos, han respondido por las acusaciones de robo y detenciones arbitrarias, situación que viene a ampliar los cuestionamientos a esta clase de operativos, toda vez que las fuerzas armadas también están amparadas por protocolos que se manejan con total opacidad; los cuales, bajo el argumento de la «seguridad nacional», impiden ofrecer transparencia y certeza, situación que genera aún mayor controversia al aplicarse contra comunidades indígenas organizadas.


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