México se encuentra en el centro de un intenso debate legislativo con la propuesta de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa busca reformular el marco regulatorio del sector, reemplazando la legislación vigente desde 2014.

Puntos Clave de la Nueva Ley

La propuesta de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión introduce cambios significativos al marco regulatorio del sector. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran:

• Creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT): Esta nueva entidad, con rango de secretaría de Estado, asumirá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será disuelto. La ATDT tendrá la potestad de otorgar, modificar o revocar concesiones, regular el espectro radioeléctrico y supervisar plataformas digitales.
• Prohibición de Propaganda Extranjera: Se restablece la restricción para que medios de comunicación y plataformas digitales transmitan propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, salvo para promoción turística o cultural. Los infractores enfrentarán multas de entre 2% y 5% de sus ingresos, impuestas por la Secretaría de Gobernación.
• Rescate o Revocación de Concesiones: El Ejecutivo podrá solicitar la cancelación de concesiones de radio y televisión por motivos de “interés público” o “seguridad nacional”. La ATDT también podrá reordenar bandas de frecuencias y recuperar recursos orbitales.
• Regulación de Plataformas Digitales: La ley permite bloquear plataformas digitales que incumplan la normativa, lo que incluye contenidos considerados contrarios al interés público.
• Plan de Licitación 5G: La ATDT deberá diseñar, en un plazo de 180 días tras la entrada en vigor de la ley, un plan de asignación de espectro para servicios 5G, buscando acelerar el despliegue de esta tecnología en México.
• Transición de Licencias: Las licencias y autorizaciones vigentes se respetarán, pero los títulos previos a 2014 serán adaptados al nuevo régimen legal.

Controversias

La iniciativa ha generado un polarizado debate debido a su contenido, el proceso de aprobación y sus posibles implicaciones. Las principales controversias incluyen:

• Falta de Debate y Consulta: La oposición y organizaciones de la sociedad civil, como Artículo19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, han denunciado que la ley avanza en “fast track” sin un análisis profundo, sin foros con expertos ni participación ciudadana. A diferencia de la reforma de 2013, que incluyó 18 propuestas y consultas amplias, este proceso ha sido criticado por su opacidad y rapidez.
• Riesgo a la Libertad de Expresión: La posibilidad de bloquear plataformas digitales y la discrecionalidad de la ATDT para definir qué contenidos violan el “interés público” han sido señaladas como un potencial mecanismo de censura. Senadores como Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) y Agustín Dorantes (PAN) advierten que la ley podría silenciar voces críticas y restringir derechos fundamentales.
• Centralización del Poder: La disolución del IFT, un órgano autónomo, y la transferencia de sus funciones a la ATDT, dependiente del Ejecutivo, han generado preocupaciones sobre la pérdida de independencia en la regulación del sector.
• Impacto en la Competencia: La eliminación del IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) plantea dudas sobre cómo se garantizará la libre competencia en un sector dominado por grandes corporativos como Televisa y América Móvil.
• Seguridad Nacional y Requisa: La inclusión de la requisa de infraestructura de telecomunicaciones por motivos de seguridad nacional ha sido criticada por su ambigüedad y el riesgo de abuso.

Puntos a Favor

Los defensores de la ley, principalmente Morena y sus aliados, argumentan que la iniciativa modernizará el sector y fortalecerá la soberanía nacional. Entre los puntos a favor destacan:

• Soberanía Tecnológica: La creación de la ATDT y la regulación de contenidos extranjeros buscan proteger los intereses nacionales frente a la influencia de gobiernos o corporativos foráneos.
• Aceleración del 5G: El plan de licitación de espectro 5G responde a la necesidad de cerrar la brecha tecnológica de México, que ha enfrentado retrasos en el despliegue de esta tecnología en comparación con otros países de América Latina.
• Digitalización y Simplificación: La ley se alinea con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, promoviendo la digitalización de servicios y la creación de una identidad digital (Llave MX), lo que podría mejorar la eficiencia administrativa.
• Fortalecimiento del Ejecutivo: Sus proponentes argumentan que centralizar la regulación en la ATDT permitirá una toma de decisiones más ágil y alineada con las prioridades del gobierno.

Puntos en Contra

La oposición (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano) y sectores de la sociedad civil han expresado fuertes críticas, incluyendo:

• Amenaza a la Libertad de Expresión: La regulación de plataformas digitales y la prohibición de propaganda extranjera, aunque justificada como medida de soberanía, podrían ser usadas para censurar contenidos críticos o limitar el pluralismo.
• Falta de Transparencia: El proceso acelerado y la ausencia de un parlamento abierto contrastan con estándares democráticos de deliberación legislativa.
• Riesgo de Arbitrariedad: La facultad del Ejecutivo para revocar concesiones por “interés público” o “seguridad nacional” carece de criterios claros, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias o politizadas.
• Impacto en la Inversión: La incertidumbre regulatoria y la disolución del IFT podrían desincentivar la inversión en el sector, afectando la competitividad y la calidad de los servicios.
• Pérdida de Autonomía: La eliminación de un regulador independiente como el IFT debilita las garantías de imparcialidad en un sector históricamente dominado por intereses corporativos.

El Proceso Legislativo

En México, el proceso legislativo para aprobar una nueva ley federal sigue un camino definido por la Constitución. Una iniciativa puede ser presentada por el Ejecutivo, legisladores o ciudadanos (mediante iniciativa popular). En este caso, la propuesta fue enviada por el Ejecutivo al Senado de la República el 21 de abril de 2025, como parte de tres reformas prioritarias anunciadas por la presidenta Sheinbaum.

Recepción y Turno a Comisiones: La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos del Senado para su análisis y dictamen.

Dictamen en Comisiones: Este 24 de abril de 2025, estas comisiones aprobaron el dictamen con 29 votos a favor (Morena, PT y Verde) y 9 en contra (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano).

Discusión en el Pleno: Se espera que el dictamen sea discutido y votado en el Pleno del Senado el lunes 28 de abril de 2025. Dado que Morena y sus aliados cuentan con mayoría simple, es probable que la iniciativa sea aprobada.

Cámara de Diputados: De aprobarse en el Senado, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su revisión, discusión y eventual aprobación. Si hay modificaciones, regresará al Senado para su ratificación.

Promulgación: Una vez aprobada por ambas cámaras, la presidenta tendrá 10 días naturales para promulgar la ley, que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al día de hoy, la iniciativa de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se encuentra en la etapa de dictamen aprobado por las comisiones del Senado. El siguiente paso es su discusión y votación en el Pleno del Senado, programada para el 28 de abril de 2025. De ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. El periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de abril, por lo que se espera que el Senado actúe con celeridad.

 

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un esfuerzo del gobierno mexicano por modernizar el sector, promover la digitalización y fortalecer la soberanía tecnológica. Sin embargo, su proceso acelerado, la disolución del IFT y las disposiciones que podrían limitar la libertad de expresión han generado críticas significativas. Mientras el Senado se prepara para votar la iniciativa, el debate sobre su impacto en los derechos fundamentales, la competencia y la inversión en el sector continúa polarizando a legisladores, expertos y ciudadanos.