En un esfuerzo conjunto entre fuerzas federales y estatales, la Operación “Bastión” ha irrumpido en el sur del Estado de México como una estrategia para desmantelar las redes del crimen organizado que han encontrado refugio en esta región. Con base en exhaustivas investigaciones de campo, análisis de inteligencia y la colaboración entre instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Poder Judicial estatal, se han identificado y asegurado 21 inmuebles utilizados por «La Familia Michoacana» para actividades como el trasiego de drogas, vigilancia, secuestro y ostentación de lujos obtenidos ilícitamente.

La operación, que tuvo un momento clave el pasado 28 de marzo, desplegó a elementos de la SEDENA, la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la FGJEM en seis municipios del sur de la entidad: Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. Estas zonas, marcadas por su difícil acceso y su cercanía con Michoacán —estado de origen del grupo criminal objetivo—, se habían convertido en bastiones estratégicos para los delincuentes.

Lujo y excesos al descubierto

Las diligencias revelaron el nivel de opulencia de estas propiedades, presuntamente construidas con recursos ilícitos. Los inmuebles presentan acabados de lujo, como chapas de oro y maderas preciosas, piscinas, lagos artificiales con muelles, canchas deportivas y sistemas de riego que contrastan con la aridez de la región. Además, cuentan con generadores eléctricos, aires acondicionados industriales y antenas de internet satelital, evidenciando un estilo de vida ostentoso en una zona de precariedad hídrica y económica.

En el interior, se encontraron animales exóticos vivos y disecados, equinos, gallos de pelea y artículos de lujo como muebles con incrustaciones de oro, lámparas de cuerno de venado y vajillas de plata. Estos sitios, según las investigaciones, eran usados como refugios de confort para los criminales.

Las autoridades apuntan a que los verdaderos dueños de estas propiedades son José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, y Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, líderes de un grupo delictivo con raíces en Michoacán. Ambos son considerados objetivos prioritarios, con órdenes de aprehensión y recompensas por su captura. Las fincas, registradas a nombre de prestanombres —algunos vinculados a autoridades locales o representantes populares—, habrían sido construidas en predios irregulares con la complicidad de ayuntamientos que facilitaron documentos para aparentar legalidad, detalló la fiscalía mexiquense a través de un comunicado, sin precisar fechas ni detenidos al respecto.

Aseguramientos estratégicos

En Amatepec, las fuerzas del orden intervinieron seis propiedades, entre las que destacan los ranchos “Las Piñuelas”, “Monte Creación”, “Ajedrez”, “Calpa” y “Lalo”, así como una casa en la colonia Independencia El Conejo, conocida como “Casa Lalo”. En Sultepec, siete inmuebles fueron asegurados, varios de ellos utilizados como puntos de vigilancia o casas de seguridad donde se mantenía a víctimas de secuestro; entre estos se encuentran dos en la localidad El Coquillo, otros dos en Las Trojes y uno en la carretera Sultepec-Amatepec.

Por su parte, en Luvianos se intervinieron los ranchos “Caja de Agua”, “Calavera” y “Pinzanez”, mientras que en Tejupilco se aseguró “El Tuerto”. En Temascaltepec, la finca “Cerro Pelón”, ubicada en una elevación de difícil acceso, también fue intervenida. Finalmente, en Tlatlaya, los ranchos “Las Canchas”, “Los Pinos” y “Ancón de La Presa” —este último colindante con Guerrero— quedaron bajo control de las autoridades.

Entre los inmuebles asegurados, se encuentra uno donde «El Fresa» grabó un video después de la masacre cometida en San Miguel Totolapan.

La Operación “Bastión” no solo busca desarticular la infraestructura física de estos grupos, sino también debilitar sus estructuras financieras. Durante las acciones, se iniciaron procesos de extinción de dominio para transferir los bienes al Estado mexicano. Un caso emblemático es el rancho “Los Pinos” en Tlatlaya, cuya extinción de dominio fue concedida el 28 de marzo y cuya posesión fue formalizada en esta operación.

A pesar de los avances, las autoridades detectaron que algunos sellos de inmuebles previamente asegurados fueron violados, lo que refuerza la necesidad de mantener la presión sobre estas redes. Con esta operación, el Estado de México envía un mensaje claro: no habrá tregua para quienes extorsionan, secuestran y lucran a costa de la seguridad de las comunidades.