En días recientes, el tema del transporte público en el Valle de Toluca ha estado en el centro de la conversación, especialmente debido a las reiteradas solicitudes de los transportistas para incrementar las tarifas de los autobuses. Estas propuestas, que han surgido en un contexto de alzas en los costos operativos, han encontrado una respuesta negativa por parte del secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja.

El sector del transporte público en el Valle de Toluca, representado en gran medida por la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y diversas empresas locales, ha insistido en la necesidad de un ajuste tarifario. Según los transportistas, los costos operativos han aumentado significativamente en los últimos años debido a factores como el encarecimiento del combustible, el mantenimiento de las unidades y la inflación generalizada.

Frente a estas demandas, el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, ha adoptado una postura clara: no hay condiciones para autorizar un aumento en la tarifa del transporte público en el corto plazo.

En declaraciones recientes, Sibaja afirmó que cualquier decisión debe priorizar el bienestar de los usuarios, quienes dependen diariamente del transporte público para sus actividades cotidianas. Esta posición se alinea con el discurso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha enfatizado la necesidad de dignificar la movilidad en el Estado de México sin imponer cargas adicionales a la población.

Sibaja reiteró esta negativa y añadió que, en lugar de un aumento, el gobierno estatal está trabajando en alternativas para modernizar el transporte público. Entre las medidas anunciadas se encuentra la implementación de bonos de chatarrización, un programa destinado a renovar la flota vehicular con unidades más eficientes y menos contaminantes. Este enfoque busca abordar las preocupaciones de los transportistas sobre los costos operativos sin trasladar el impacto económico directamente a los usuarios.

Además, el secretario ha subrayado que cualquier propuesta de aumento debe estar respaldada por un análisis exhaustivo y transparente, algo que, según él, aún no se ha presentado de manera concluyente por parte de los transportistas.

Esta exigencia de un estudio “conciso” y objetivo parece ser un punto de fricción, ya que los transportistas consideran que la Secretaría de Movilidad tiene la obligación de realizar dicha evaluación como parte de sus funciones.

Aunque el intento de aumento ha sido frenado por ahora, el debate está lejos de concluir. La Secretaría de Movilidad ha dejado la puerta abierta a futuras negociaciones, siempre que se presenten propuestas fundamentadas y se consideren soluciones integrales. Mientras tanto, iniciativas como la introducción de autobuses eléctricos —cuyas pruebas ya comenzaron en octubre de 2024— y la entrega de nuevas unidades, como las 26 del Circuito Interurbano Tollocan Norte en noviembre de 2024, reflejan el enfoque del gobierno estatal hacia una modernización que no dependa exclusivamente de ajustes tarifarios.

Por ahora, los 12 pesos de la tarifa mínima seguirán vigentes, pero la presión por un cambio continúa latente.