En los últimos días, un nuevo caso de violencia ha sacudido a la comunidad indígena de Santa María Magdalena Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Campesinos integrantes de los Bienes Comunales han sido víctimas de agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de un grupo de personas armadas que afirmaron haber sido enviados por la concesionaria AT, S.A. de C.V., filial de la empresa Aleatica.
Este incidente, ocurrido el pasado 3 de marzo de 2025, ha sido denunciado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que emitió una alerta urgente para visibilizar la gravedad de la situación y exigir la intervención de las autoridades.
El trasfondo de estas agresiones se encuentra en la oposición de los comuneros de Santa María Magdalena Cahuacán a la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco, un proyecto carretero impulsado por Aleatica a través de su filial AT, S.A. de C.V.
Esta obra, que busca conectar los municipios de Atizapán de Zaragoza y Atlacomulco, ha generado preocupación entre los habitantes indígenas debido a los potenciales impactos ambientales en su territorio, incluyendo la afectación de bosques y recursos hídricos que han sido protegidos por la comunidad durante siglos.
Santa María Magdalena Cahuacán, un pueblo con raíces históricas que se remontan a documentos virreinales, se ha mantenido firme en su negativa a permitir el paso de la maquinaria por sus tierras, argumentando que no han dado su consentimiento para el proyecto.
A pesar de los diálogos previos entre los comuneros y representantes de la empresa, en los que se dejó claro que la comunidad no avala la obra, la respuesta de la concesionaria parece haber escalado a la violencia.
Según la denuncia del CDHZL, el lunes 3 de marzo, alrededor de 30 hombres, algunos de ellos armados, irrumpieron en el territorio comunal y atacaron a cinco campesinos que intentaban impedir el avance de la maquinaria.
🔴#AcciónUrgente 03/2025 | Agresiones Físicas y amenazas de muerte a campesinos de Bienes Comunales en el municipio de @GobiernoNicolas personas armadas que dijeron ser enviadas por la concesionaria AT, SA de CV Filial de la empresa Carretera @Aleatica_Global.#MAXIMADIFUSIÓN pic.twitter.com/pKUX5WpIkN
— Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC (@cdhzloficial) March 4, 2025
Los agresores, identificados por las víctimas como un «brazo armado» de AT, S.A. de C.V., no solo golpearon a los comuneros, sino que también profirieron amenazas de muerte. Una frase destacada en la denuncia —»también andan parando las obras, no»— refleja el tono intimidatorio empleado por los atacantes, sugiriendo una represalia directa contra la resistencia de la comunidad.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una organización reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de comunidades indígenas y campesinas en el Estado de México, reaccionó de inmediato ante este acto de violencia. El 4 de marzo de 2025, emitió la Acción Urgente 03/2025, un comunicado que detalla los hechos y hace un llamado enérgico a las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de los afectados y frenar las agresiones.
La alerta, difundida a través de redes sociales y dirigida a figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno municipal de Nicolás Romero, subraya la gravedad del incidente y solicita máxima difusión para presionar por una respuesta efectiva.
En su denuncia, el CDHZL no solo documenta las agresiones físicas, sino que también destaca el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran los comuneros. La organización señala que los campesinos agredidos recibieron atención médica tras el ataque, pero enfatiza la necesidad urgente de medidas de protección para salvaguardar su integridad y evitar represalias adicionales. Además, el Centro hace un «enérgico llamado» a todos los niveles de gobierno para que se respeten los derechos de la comunidad indígena y se investiguen a fondo los hechos, exigiendo justicia para las víctimas y responsabilidad para los agresores.
La alerta también pone en evidencia la presunta complicidad o inacción de las autoridades, al permitir que un proyecto privado avance sin el consentimiento de los habitantes y al no intervenir ante las agresiones.
El ataque del 3 de marzo dejó un saldo de cinco campesinos lesionados, quienes, de acuerdo con reportes, planean interponer denuncias formales ante las instancias correspondientes. Sin embargo, la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades locales y estatales ha generado incertidumbre sobre las garantías de seguridad para los comuneros. La empresa Aleatica, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones que vinculan a su filial con los agresores, lo que ha incrementado las tensiones en la zona.
La autopista Atizapán-Atlacomulco, avalada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, representa para los habitantes de Cahuacán una amenaza directa a su modo de vida, su cultura y su autonomía como pueblo indígena.
El caso de Santa María Magdalena Cahuacán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de conflictos territoriales en México, donde comunidades indígenas enfrentan presiones de empresas y gobiernos para ceder sus tierras a megaproyectos. La denuncia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pone el foco en la necesidad de proteger a quienes defienden sus derechos y recursos naturales frente a intereses económicos que recurren a la violencia para imponerse.
