En una sesión histórica, el Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que elimina la reelección inmediata para diversos cargos públicos y establece nuevas reglas para combatir el nepotismo electoral. La reforma, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue avalada también por los congresos de Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Sinaloa, consolidándose como un paso crucial en la transformación del sistema político mexicano.

La reforma constitucional prohíbe la reelección inmediata para los cargos de presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, gobernadores, presidentes municipales, regidores, síndicos, así como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, alcaldes y concejales. Además, introduce la figura del nepotismo electoral, una medida que busca impedir que familiares cercanos de quienes ocupan cargos públicos puedan postularse para los mismos puestos durante un periodo determinado.

Según lo estipulado, a partir de los procesos electorales de 2030, tanto federales como locales, no podrán aspirar a un cargo de elección popular aquellas personas que, en los tres años previos a la elección, hayan tenido vínculos de matrimonio, concubinato o unión de hecho, así como parentescos por consanguinidad o afinidad con quien ejerza la titularidad del cargo al que se postulan. Esto incluye relaciones directas sin límite de grado y colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad, y hasta el segundo grado por afinidad.

El texto aprobado también establece que las personas que se encuentren en funciones como servidores públicos en 2030 no podrán buscar la reelección inmediata en los comicios de ese año, marcando un cambio significativo en las reglas del juego político.

La reforma otorga un plazo de 180 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, para que la federación, las entidades federativas y la Ciudad de México ajusten su marco normativo y constitucional a las nuevas disposiciones. Este periodo permitirá a las autoridades locales realizar los cambios necesarios para garantizar la implementación efectiva de las medidas.

Durante la sesión, el diputado Israel Espíndola López, del partido Morena, fue el encargado de leer el documento en tribuna. En su intervención, destacó que esta reforma representa “un paso firme que blinda la democracia” y “cierra la puerta a la perpetuidad en el poder”. “El poder no debe ser un negocio familiar, sino un mandato del pueblo”, subrayó, enfatizando que las modificaciones garantizan una renovación constante de liderazgos.

Por su parte, la legisladora Zaira Cedillo Silva, también de Morena, anunció que su partido adoptará estas disposiciones a partir de 2027, adelantándose a la implementación nacional. En tanto, el diputado Octavio Martínez Vargas, de la misma bancada, contextualizó la reforma recordando que la reelección inmediata fue introducida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), una medida que, según él, fue aprobada en su momento por el Congreso mexiquense. Martínez Vargas afirmó que revertirla “reivindica los principios de la Revolución Mexicana y fortalece la democracia”.

A pesar del respaldo mayoritario, la reforma no estuvo exenta de críticas. La diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su desacuerdo al señalar que la medida no entrará en vigor desde 2027, como inicialmente se había planteado, y calificó la reforma como una estrategia del gobierno para mantener el poder o beneficiar a un grupo mayoritario, más que como una verdadera acción democrática.

Por su parte, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó por qué este cambio no se impulsó desde 2018, cuando el partido ahora en el poder asumió la presidencia de la República. “Hay que ser transparentes en estos temas y no engañar a la ciudadanía”, puntualizó.

Con esta aprobación, el Congreso del Estado de México se suma al esfuerzo nacional para transformar las dinámicas políticas del país, priorizando la alternancia en el poder y la equidad en la competencia electoral. Aunque las opiniones están divididas, la reforma marca un precedente que, según sus defensores, busca garantizar que el poder permanezca en manos del pueblo y no de dinastías políticas.