• Senadores aprueban iniciativa de la presidenta, pero la modifican para que entre en vigor hasta 2030

En un movimiento que busca fortalecer los pilares de la democracia mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una reforma constitucional destinada a erradicar dos prácticas que, según su visión, han erosionado la equidad y la transparencia en la política: la reelección inmediata y el nepotismo electoral. Esta iniciativa, enviada al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero de 2025, en el marco del 108 aniversario de la Constitución de 1917, ha avanzado con paso firme y este 25 de febrero marcó un hito importante en su trayecto legislativo.

Hoy martes, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular esta reforma con el respaldo unánime de los 127 senadores presentes en la sesión ordinaria. El dictamen, que ya había sido avalado previamente por las comisiones correspondientes, refleja el consenso alcanzado tras intensas deliberaciones.

Sin embargo, una novedad de última hora modificó el calendario original propuesto por la presidenta: la entrada en vigor de ambas medidas, tanto la prohibición de la reelección como la del nepotismo electoral, se pospuso hasta el año 2030.

Este ajuste, impulsado mediante una reserva presentada por los senadores Adán Augusto López y Manuel Velasco, y respaldada por Morena, el Partido Verde y el PT, contrasta con la intención inicial de Sheinbaum, quien había planteado que la prohibición del nepotismo aplicara a partir de las elecciones de 2027 y la de la reelección desde 2030.

La decisión de unificar la entrada en vigor en 2030, según estos senadores, responde a una estrategia de transición «más gradual», permitiendo a los actuales legisladores y autoridades locales adaptarse sin afectar derechos adquiridos o planes políticos ya en marcha.

La reforma busca recuperar el espíritu del lema revolucionario «Sufragio efectivo, no reelección», que fue un pilar de la Constitución de 1917, pero que se flexibilizó en 2014 al permitir la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes por un solo periodo adicional.

De concretar esta nueva disposición, tal cual la aprobaron los senadores, a partir de 2030, ningún cargo de elección popular —desde la Presidencia de la República hasta las diputaciones locales— podrá ser ocupado por la misma persona de manera consecutiva, promoviendo la alternancia y la renovación de liderazgos.

Por otro lado, la lucha contra el nepotismo electoral apunta a desmantelar las dinastías políticas que han dominado ciertos espacios de poder en México. La iniciativa prohíbe que familiares directos —hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como cónyuges o concubinos— sucedan inmediatamente a un funcionario en el mismo cargo.

Esta medida responde a casos visibles en estados como Guerrero, Zacatecas o Nuevo León, donde figuras políticas han intentado heredar el poder a sus allegados.

La aprobación unánime en el Senado evidencia un amplio respaldo político, especialmente entre la coalición oficialista liderada por Morena. Sin embargo, el cambio en las fechas de aplicación no ha estado exento de controversia.

Sectores de la oposición, como el dirigente del PAN, Marko Cortés, han criticado que la reforma podría debilitar al Poder Legislativo al limitar la experiencia de los legisladores, mientras que otros ven en el aplazamiento hasta 2030 una maniobra para no afectar los intereses de los actuales funcionarios electos de la coalición gobernante.

Aunque el Senado ya dio su aval, la reforma aún debe pasar por la Cámara de Diputados y obtener la aprobación de al menos 17 congresos estatales para concretarse como cambio constitucional. Este proceso, que podría extenderse algunos meses, será clave para definir si el calendario de 2030 se mantiene o si surgen nuevas modificaciones.