En un fallo que marca un hito en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en México, el ex senador Rubén Islas Ramos ha sido sancionado por incurrir en violencia política de género debido a comentarios despectivos dirigidos contra la titular del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez.
Este caso, resuelto en el marco de las leyes electorales y de protección a las mujeres, pone de manifiesto tanto los avances como los retos pendientes en la construcción de un entorno político igualitario y libre de agresiones.
A pesar de la resolución, el ex senador, no solo no ha cumplido con lo instruido por la autoridad judicial, sino que ha reiterado sus burlas, ahora también hacia las instituciones.
Jamás me disculpo y menos por una orden judicial @TEPJF_informa @INEMexico @IEEM_MX @pulido_amalia
— Ruben Islas (@RubenIslas3) February 15, 2025
Cuanta razón tenía @lopezobrador_ cuando afirmó:al diablo con las instituciones! Yo confirmo al diablo con el @INEMexico,el @IEEM_MX @TEPJF @TEPJF_informa @TEPJF_Esp! Legó el momento de disolverlos y construir las instituciones democráticas del pueblo
— Ruben Islas (@RubenIslas3) February 19, 2025
El incidente tuvo lugar en septiembre de 2024, durante un programa de análisis político transmitido en una plataforma digital local. En dicho espacio, Islas Ramos, identificado con el partido PRD, cuestionó de manera ofensiva la capacidad y el desempeño de Pulido Gómez al frente del IEEM, utilizando calificativos denigrantes que no solo atacaron su profesionalismo, sino que también estuvieron marcados por un evidente sesgo de género.
Entre sus declaraciones, destacó la frase “no entiendo por qué la pusieron ahí”, acompañada de adjetivos que buscaban ridiculizar y menospreciar a la consejera presidenta, sin fundamento en hechos concretos o críticas objetivas relacionadas con su gestión.
La respuesta de Amalia Pulido no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, denunció públicamente los comentarios como un acto de violencia política de género, subrayando que no podía permanecer omisa ante una agresión de esta naturaleza, especialmente tras haber asumido un compromiso público días antes para combatir este tipo de conductas y fortalecer la participación femenina en la política. Su postura reflejó una mezcla de indignación y responsabilidad institucional, al tiempo que llamó la atención sobre la necesidad de erradicar prácticas que buscan deslegitimar a las mujeres en posiciones de poder.
El caso llegó al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), donde se analizó bajo el marco legal del Código Electoral del Estado de México y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tras un proceso que incluyó la revisión de las pruebas —como el video del programa y las declaraciones de las partes involucradas—, el tribunal determinó que los comentarios de Islas Ramos constituían violencia política de género.
La resolución destacó que las expresiones no solo atentaron contra la dignidad de Pulido Gómez, sino que también tuvieron la intención de menoscabar su autoridad como funcionaria pública por el simple hecho de ser mujer, perpetuando estereotipos que obstaculizan la participación femenina en la esfera política.
La sanción impuesta a Rubén Islas Ramos incluye una multa económica y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y una suspensión de año y medio para ocupar algún cargo público, una medida que busca visibilizar a los responsables de este tipo de conductas y prevenir su reincidencia. Además, se le ordenó ofrecer una disculpa pública a la afectada, un acto que, aunque simbólico, refuerza el mensaje de que las agresiones de esta índole no serán toleradas en el ámbito electoral mexiquense.
La sanción a Islas Ramos no solo es una victoria para Amalia Pulido, sino un recordatorio de que las instituciones tienen la obligación de actuar con diligencia para proteger los derechos de las mujeres en la política. Al mismo tiempo, invita a la reflexión sobre la necesidad de un cambio cultural más profundo, donde la equidad no sea solo un mandato legal, sino una realidad cotidiana.
