Hoy, 19 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, dio un paso sin precedentes al designar a seis cárteles mexicanos y dos pandillas centroamericanas y sudamericanas como organizaciones terroristas globales. Esta medida, que se formalizó a través de una nota publicada por Marco Rubio, encargado de la política exterior estadounidense, marca un cambio significativo en la estrategia de combate contra el crimen organizado y tiene implicaciones profundas, especialmente para México, donde la violencia vinculada al narcotráfico ha sido un problema endémico durante décadas.

La lista negra incluye a algunos de los cárteles más poderosos y violentos de México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

Estos grupos, conocidos por su participación en el tráfico de drogas, extorsión, secuestros y asesinatos, ahora serán tratados bajo el mismo marco legal que organizaciones como Hamás o Hezbolá, lo que les otorga un estatus que amplía las herramientas disponibles para las autoridades estadounidenses.

Además de los cárteles mexicanos, la designación también abarca a la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) y la banda venezolana Tren de Aragua, grupos que han extendido su influencia más allá de sus regiones de origen, incluyendo territorio estadounidense.

Sin embargo, el foco principal de esta medida parecen ser los cárteles mexicanos, cuya capacidad para inundar Estados Unidos con drogas como el fentanilo y desestabilizar regiones enteras ha sido un punto central en el discurso de Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Implicaciones Inmediatas y a Largo Plazo

La designación como organizaciones terroristas implica una serie de consecuencias prácticas. En primer lugar, permite a las agencias estadounidenses, como la CIA y el Pentágono, intensificar operaciones de inteligencia, sanciones financieras y, potencialmente, medidas militares. Los activos de estos grupos en el sistema bancario internacional serán congelados, y cualquier individuo o entidad que haga negocios con ellos podría enfrentar severas penalidades, incluyendo multas y prisión.

Esta medida también facilita la extradición y el enjuiciamiento de miembros de estos grupos en tribunales estadounidenses, donde las penas por terrorismo suelen ser más duras que las aplicadas por narcotráfico.

Para México, las implicaciones son particularmente delicadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado preocupación por lo que considera una posible vulneración a la soberanía nacional.

En conferencias recientes, ha destacado que esta designación podría ser utilizada como pretexto para intervenciones militares o incursiones de drones en territorio mexicano, algo que el gobierno mexicano ha rechazado categóricamente.

Además, Sheinbaum ha señalado que las empresas armamentísticas de Estados Unidos, responsables de proveer el 74% de las armas incautadas a los cárteles, podrían ser consideradas cómplices indirectos de terrorismo, abriendo la puerta a nuevas tensiones diplomáticas.

En México, la medida ha generado una mezcla de rechazo y resignación. Mientras algunos sectores de la oposición, como el PRI, han celebrado la decisión como un reconocimiento de la gravedad del problema, otros critican que ignora las raíces estructurales de la violencia, como la demanda de drogas en Estados Unidos y el tráfico de armas hacia México. En redes sociales, usuarios han expresado tanto apoyo a una acción más drástica contra los cárteles como temor a que esta designación sirva de excusa para una intervención extranjera.

En Estados Unidos, la decisión ha sido recibida con aplausos por parte de los seguidores de Trump, quienes ven en esta medida un cumplimiento de su promesa de combatir el crimen organizado y la crisis de fentanilo, que según el presidente ha cobrado cientos de miles de vidas anuales. Sin embargo, expertos han advertido que la efectividad de esta estrategia es cuestionable, recordando los resultados limitados de la «guerra contra el terror» en otros contextos, como Iraq y Afganistán.

 

Imagen ilustrativa creada con IA