Kenia Hernández Montalván, una activista indígena amuzga y abogada, encarcelada desde 2020, ha enviado una carta abierta a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), un organismo descentralizado del gobierno federal mexicano.

Esta carta no solo representa un clamor personal por justicia sino que ha galvanizado un apoyo masivo de más de 400 organizaciones, colectivos y activistas en su causa.

Cabe recordar que es la Capufe, quien se ha negado levantar los cargos contra la activista, a pesar de que abiertamente organizaciones han demostrado su inocencia, y que esta institución la está utilizando a ella como una forma de «escarmiento», buscando inhibir la protesta social, para buscar -fallidamente- evitar más protestas en casetas de autopistas; una acción que parecería tener como real interés, el «proteger» las millonarios concesiones carreteras, que están en manos de instancias privadas.

Desde su detención, Kenia ha sido objeto de múltiples procesos judiciales, enfrentando actualmente nueve causas penales, las cuales, según numerosas organizaciones, son un claro ejemplo de la criminalización de la protesta social y de la represión contra defensores de derechos humanos en México.

La carta de Hernández Montalván a Capufe solicita un acuerdo reparatorio que podría conducir a su liberación. Este mecanismo jurídico permitiría evitar un juicio formal y, en consecuencia, la aceptación de culpabilidad por parte de Kenia, lo cual es crucial para evitar que cargue con antecedentes penales que podrían afectar su futuro y otros casos pendientes. La petición se basa en la premisa de que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de criminalización contra activistas que defienden causas sociales y derechos de los pueblos indígenas.

En respaldo a esta carta, más de 400 organizaciones, colectivos, activistas, legisladores, y hasta algunas instituciones gubernamentales se han unido para apoyar el llamado de Kenia.

Este respaldo no solo refleja la solidaridad con su causa sino que también envía un mensaje fuerte al gobierno y a Capufe respecto a la percepción pública de su situación. Entre los firmantes se encuentran grupos como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quienes han sido vocales en la defensa de Kenia y en la crítica a las prácticas judiciales que se utilizan para silenciar voces disidentes.