En 2025, el gobierno mexicano aprobó una reforma que transforma la CURP en un documento biométrico obligatorio. Esta nueva versión incluirá huellas dactilares, fotografía facial y firma digital, y será el único medio oficial de identificación en trámites públicos y privados. La medida entrará en vigor en 2026 y será gestionada por la Secretaría de Gobernación a través de una Plataforma Única de Identidad.

El objetivo principal es mejorar la identificación ciudadana y apoyar la localización de personas desaparecidas, que en México superan las 100,000. Además, se busca modernizar los trámites y reducir el uso de documentos físicos. El trámite será gratuito y obligatorio, incluso para menores de edad.

Sin embargo, la reforma ha generado críticas. Organizaciones como R3D alertan sobre el riesgo de vigilancia masiva y seguimiento estatal, mientras que expertos en ciberseguridad advierten sobre el peligro de filtraciones de datos sensibles. Activistas también señalan la falta de consentimiento real, exclusión de grupos vulnerables y la ausencia de auditorías independientes. La eliminación del INAI ha incrementado las preocupaciones sobre el uso indebido de la información.

El gobierno asegura que la CURP biométrica se usará únicamente para fines legítimos y con respeto a los derechos humanos. No obstante, partidos de oposición y el INE han manifestado su desacuerdo, este último defendiendo la validez de la credencial de elector como documento oficial.

La reforma establece multas de hasta 2.2 millones de pesos por incumplimiento. Mientras tanto, colectivos exigen salvaguardas legales, mecanismos de supervisión y garantías para evitar exclusiones.

En resumen, la CURP biométrica podría representar un avance en seguridad e identificación, pero su implementación plantea riesgos significativos que aún deben atenderse para proteger los derechos de la ciudadanía.