En México, la propuesta de implementar una Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, ha desatado una fuerte oposición por parte de activistas, organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales. Lejos de ser vista como una solución para combatir la crisis de personas desaparecidas o el robo de identidad, esta iniciativa es percibida como una amenaza a la privacidad individuale, una puerta a la vigilancia masiva y una fuente de riesgos para poblaciones vulnerables. A continuación, exploramos las razones detrás de esta resistencia, respaldadas por las voces de expertos que han alzado la mano para advertir sobre los peligros que implica.

Una base de datos centralizada: un imán para ciberataques

Uno de los principales argumentos en contra de la CURP biométrica es el riesgo que representa una base de datos centralizada con información tan sensible. Los datos biométricos, por su naturaleza única e inmutable, no pueden ser reemplazados como una contraseña.

Si son comprometidos, las consecuencias son permanentes. Francisco Jiménez, doctor en derecho e investigador de la Universidad de Guadalajara, ha expresado su preocupación sobre la vulnerabilidad de estos datos ante posibles hackeos: “Los riesgos son los que me preocupan un poco, la fuga de información, o los famosos hackers que también llegan a operar y obtener este tipo de información que puede perjudicar”.

En un país donde las filtraciones de datos no son un fenómeno nuevo, la centralización de información biométrica de más de 130 millones de personas podría convertirse en un blanco atractivo para ciberdelincuentes.

Vigilancia masiva: un potencial autoritario

Otro punto de alarma es el temor a que la CURP biométrica facilite un sistema de vigilancia masiva con un potencial autoritario. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha sido una de las voces más críticas, señalando que la obligatoriedad de este documento para acceder a servicios públicos y privados elimina cualquier posibilidad de consentimiento real.

Según R3D, “al obligar a las personas a utilizar exclusivamente la CURP como documento de identidad y al exigir que todo ente público y particular requiera la CURP para cualquier trámite y servicio, las personas se verán condicionadas a ‘autorizar’ o ‘consentir’ el tratamiento de sus datos biométricos bajo coerción”. Esto significa que, en la práctica, nadie podrá negarse sin quedar excluido de derechos básicos como la educación, la salud o los programas sociales.

Luis Fernando García, director de R3D, ha advertido que esta infraestructura podría permitir al gobierno trazar patrones de comportamiento de la población, afectando gravemente la privacidad. “Nos parece gravísimo, es una absoluta desproporción”, afirmó García, subrayando que la interconexión de bases de datos públicas y privadas podría normalizar un nivel de monitoreo sin precedentes. En un contexto donde México ha enfrentado escándalos como el uso del software Pegasus para espiar a periodistas y activistas, estas preocupaciones no son infundadas.

Exclusión social y discriminación: los más vulnerables en riesgo

La implementación de la CURP biométrica también plantea riesgos de exclusión social, especialmente para grupos vulnerables. Marianne Díaz, activista por los derechos digitales, ha señalado que la obligatoriedad de facto elimina la libertad de negarse: “Si para acceder a servicios básicos necesitas la CURP biométrica, no hay libertad real para negarte”.

Esto podría afectar a personas adultas mayores, con discapacidades o que realizan trabajos manuales intensos, cuyas características físicas podrían no ser correctamente registradas por los sistemas biométricos, como ha ocurrido en otros países.

Además, colectivos de familiares de personas desaparecidas han criticado que la iniciativa no aborda las causas estructurales de la crisis de desapariciones, limitándose a una solución tecnológica que podría revictimizar a quienes ya enfrentan un sistema ineficiente. En lugar de fortalecer la colaboración entre fiscalías y comisiones de búsqueda, la CURP biométrica parece priorizar el control sobre la población.

Consentimiento forzado y falta de transparencia

Aunque el gobierno asegura que se requerirá “autorización” para recolectar datos biométricos, los especialistas coinciden en que esto es una ilusión. La Plataforma Única de Identidad, propuesta junto a la CURP biométrica, permitiría la consulta en tiempo real de actividades asociadas a la CURP, incluyendo datos de sectores como salud, educación, transporte y finanzas.

R3D destaca que “no habrá un consentimiento real al tramitarlo y expondrá nuestra privacidad y data”. La falta de salvaguardas claras y la posibilidad de que autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia o las fuerzas armadas accedan a esta información sin restricciones agravan el panorama.

Un precedente peligroso

La oposición a la CURP biométrica no surge de un rechazo a la tecnología, sino de la falta de un marco legal sólido que garantice la protección de datos y evite abusos. México no cuenta con una Ley Federal de Ciberseguridad robusta, y antecedentes como la venta del padrón electoral en el mercado negro o el uso indebido de herramientas de vigilancia generan desconfianza.

Como señala Grecia Macías, abogada de R3D, “hay muchas herramientas con las que puedes identificarte, y tu derecho a la identidad no se reduce a una sola credencial única”.

La resistencia a la CURP biométrica en México refleja una preocupación legítima por la privacidad, la seguridad y los derechos humanos. Voces como las de Luis Fernando García, Marianne Díaz, Alex Argüelles y Francisco Jiménez, respaldadas por organizaciones como R3D, advierten que esta iniciativa, lejos de ser una solución, podría consolidar un sistema de control con consecuencias irreversibles. En un país con un historial de abusos tecnológicos y colusión entre autoridades y crimen organizado, la lucha de los activistas busca proteger a la población de un futuro donde la vigilancia y la exclusión sean la norma.